El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, actualizó sus disposiciones en materia de protección civil, con el propósito de garantizar la integridad física de aproximadamente 40 mil personas, entre servidores públicos y usuarios de los servicios de la justicia, que en promedio diario laboran y acuden a sus instalaciones.
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Así, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial capitalino autorizó el Reglamento en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Plan de Emergencia Sísmica para el Poder Judicial de la Ciudad de México, normatividades que sustituyen al Reglamento de Protección Civil para el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ambos de la Ciudad de México y al Procedimiento para actuar ante una contingencia.
Esto, frente a la importancia de contar con normatividad interna armonizada con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial capitalina en junio de 2019, en aspectos que esa disposición contiene relativas a las etapas de identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
Al actualizar la normatividad interna, el CJCDMX señaló en los considerandos que, entre 2017 y el 31 de diciembre de 2022, se registraron en el país 172 mil 126 movimientos sísmicos, de los cuales 20 oscilaron entre los 6.0° 8.2° de magnitud, situación que hace posible causar riesgos a la integridad física de unas 40 mil personas en los edificios del PJCDMX.
De ahí la importancia de contar con normatividad actualizada que siente las bases para atender de manera eficaz y expedita las emergencias o desastres derivados de un fenómeno perturbador de origen geológico, a fin de evitar daños o pérdidas derivadas de éstos, así como dar continuidad a las operaciones en el órgano judicial capitalino.
“Que con base en las etapas de la Gestión Integral de Riesgos y los principios para la Reducción del Riesgo de Desastre, es fundamental actualizar la normatividad aplicable en el Poder Judicial de la Ciudad de México en esta materia y contar con protocolos que permitan la toma de decisiones asertivas y expeditas en beneficio de la comunidad judicial”, señaló el CJCDMX en los considerandos de las nuevas disposiciones.
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