El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, deberá comparecer hasta el 31 de enero de 2022 ante un juez del Reclusorio Norte por los presuntos delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa por su presunta participación en el escándalo de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht dio a políticos y legisladores mexicanos, a cambio de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
La comparecencia estaba programada para las 9 de la mañana en juzgados del Reclusorio Norte donde el juez de control especificó que Anaya podría acudir físicamente o conectarse vía teleconferencia, pero acompañado de su defensa y en las inmediaciones de la capital del país.
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En la audiencia se esperaba que la Procuraduría General de la República (PGR), le impute los cargos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y solicite la prisión preventiva.
En caso de que el juez le otorgara la prisión preventiva, podría ser detenido y trasladado de los juzgados a los separos del reclusorio Norte donde también están encerrados Emilio N, el exgobernador de Veracruz, Javier N, el exsenador, Jorge Luis N, y Juan N, ex abogado de Peña Nieto.
Las acusaciones contra Anaya se desprenden de la declaración ministerial que hizo Emilio N en agosto pasado por el caso Odebrecht, donde involucra a ex legisladores y a otras 30 personas en presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2015 asociados con la corporación brasileña.
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En sus declaraciones Emilio señaló que recibió instrucciones de entregar más de 6 millones de pesos a Anaya para que, en su calidad de legislador, votara a favor de la reforma energética presentada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
En la pasada audiencia llevada a cabo hace un mes, los abogados de Anaya, quien no se sabe si se encuentra dentro o fuera de territorio mexicano, solicitaron un aplazamiento debido a que, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había iniciado la carpeta de investigación, para esa fecha agregó más de mil nuevas fojas, por lo que se pidió tiempo para el análisis de las mismas.
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