En la presente administración, los cuerpos policiales vuelven a ser experimento de la política. Y aunque la Guardia Nacional dice ser la respuesta ética y civil del combate a la delincuencia y violencia que agobia a los mexicanos, debe pasar por encima del cadáver de la Policía Federal, consideró el Centro Católico Multimedial.
Para la 4T, este es el epitafio, agregó. Y sin importar lo que pase con los derechos laborales de los elementos en activo y las familias que han perdido a sus seres queridos en el cumplimiento del deber, la rebelión policial parece la última bocanada de oxígeno de otro organismo prescindible, porque es fruto malogrado del neoliberalismo odiado por Andrés Manuel López Obrador y será el primer gran cuestionamiento hacia las sinceras intenciones de la flamante Guardia Nacional.
En el editorial, titulado “Rebelión policial”, el organismo católico destaca que convocados por redes sociales, cientos de policías federales iniciaron una rebelión insólita que descubre los tratos e irregularidades a los que presuntamente se han visto sometidos desde que la Guardia Nacional inició actividades.
Como lo consideró el Plan Nacional de Paz 2018-2024, agregó, la PF creada hace 20 años para suplir la labor de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia … es en la actualidad un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo; sus integrantes –alrededor de 40 mil elementos, incluidos muchos dedicados a funciones administrativas– reciben bajos salarios, carecen de seguridad y protección social para ellos y sus familias.
La asociación religiosa subraya que las principales quejas de los activos policiales están en que personal militar deberá someterlos a una evaluación de confianza, la inminente pérdida de sus derechos y antigüedad laboral en caso de formar parte de la Guardia Nacional, renuncias obligatorias, la supresión de compensaciones económicas que reciben por el despliegue en los diversos operativos en el país -bono de operatividad– además de padecer “discriminación laboral” que les impediría sus labores en otros cuerpos policiales.
La Policía Federal (PF) nació como respuesta al incremento de la violencia cuando en el gobierno de Felipe Calderón se hizo la publicación de la Ley que la rige en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio de 2009.
Tuvo como antecedentes a otras dos corporaciones originadas durante las presidencias de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, respectivamente: la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI)
Desde entonces, la PF fue prácticamente el brazo que se enfrentó al crimen organizado en conjunto con las Fuerzas Armadas como parte de la estrategia de seguridad y la guerra contra el narco, indica.
De acuerdo al CCM, entre 2006 y 2018, más de 550 policías federales habían muerto en el cumplimiento de su deber y aparecen ahora las precarias condiciones laborales y “de abandono”. Los Estados del país donde han caído más elementos de la PF son Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa.
Sin embargo, otro fallido intento por desaparecer a la corporación vino desde la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Con la idea del Mando Único y de resolver el problema anticonstitucional e ilegal de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública, se quiso impulsar a la “Gendarmería” como cuerpo adscrito al Ejército para tareas de seguridad civil, después de las reformas legales que devolvieron a la Secretaría de Gobernación facultades de seguridad pública extinguiendo esa cartera de la administración pública federal por haber estado salpicada de ineficacia, corrupción y del cooptación de poder omnímodo del secretario Genaro García Luna.
La Gendarmería como brazo del Ejército contaría con cinco mil elementos, pero fue absorbida por la Policía Federal como otro cuerpo sin que se consumara como una de las apuestas principales en las estrategias de seguridad del pasado sexenio.
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