Ante la crisis sanitaria por la que se han perdido más de 500 mil empleos, empresarios y analistas en materia laboral demandaron a las autoridades proteger el empleo y garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los centros de trabajo, para un retorno seguro y ordenado.
Más de 685 mil personas se han quedado sin empleo como consecuencia de la crisis económica que se empezó a gestar desde finales de 2019, y se recrudeció en marzo de 2020 cuando, de manera oficial, se decretó el inicio de una cuarentena que ha sido extendida en dos ocasiones, sin acompañarse de estrategias económicas para contener la crisis, y mantener a los generadores de empleo a flote, indicó la Coparmex.
Por su parte, especialistas del Instituto de Política Laboral (IPL), órgano de consulta y asesoría del sector empresarial de la ciudad de México, destacan la necesidad de que las autoridades laborales se concentren en la protección del empleo formal y dejen a un lado la promoción de programas asistencialistas, como hasta ahora lo han hecho.
El IPL advirtió que la Secretaría del Trabajo y su homóloga en la ciudad de México no cumplen con sus funciones principales, que son defender el empleo y al trabajador, el ahorro de los trabajadores en las administradoras para el retiro y el diálogo laboral, entre los diferentes sectores productivos, para un retorno ordenado y seguro a las actividades, en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19.
Lamentó que las autoridades laborales no promuevan el diálogo entre empresas y trabajadores para buscar los mecanismos que eviten la pérdida masiva de empleos, como ocurre hasta el momento, con más de 2 millones de desempleados en el país, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El papel principal de la STyPS en la anunciada reactivación económica debe ser explicar a fondo la operación de los “Lineamientos Técnicos de Sanidad Sanitaria en el Entorno Laboral” y no a la promoción de programas asistencialistas como hasta ahora lo ha hecho, demandó el Instituto.
Además, a los especialistas laborales del IPL les preocupa de sobremanera que entre funcionarios del primer nivel del gobierno federal se dé una confusión inexplicable entre ingreso, empleo y salario.
Aclaró que no se pueden considerar como trabajadores, los que reciben algún tipo de ingreso entregado por dependencias, como son los becarios o los campesinos inscritos en el programa Sembrando Vida, porque no tienen una relación legal en términos laborales.
Al considerar el ingreso como figura equivalente al salario se comete el error de clasificar como trabajadores a los asaltantes o a los indigentes que piden limosna en las calles o incluso a quienes reciben remesas del extranjero.
El salario deriva de un trabajo remunerado conforme a contrato individual o colectivo de trabajo, dejaron en claro los especialistas del IPL al pronunciarse por convocar a un gran diálogo nacional entre los representantes de los trabajadores, empleadores, academia, especialistas laborales y autoridades estatales y municipales, para establecer lineamientos y acuerdos que permitan superar la crisis que ha provocado la pandemia por COVID-19.
Es necesario buscar acuerdos, sector por sector y por cada rama productiva, que aliente el fortalecimiento del mercado laboral en cada una de las regiones del país y zonas del país, para responder a sus necesidades específicas.
