El Estado mexicano no combate a la pesca ilegal y en el último sexenio redujo significativamente el personal, los recorridos de inspección y vigilancia, así como las incautaciones y personas detenidas por esta actividad, denunció Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, al señalar que no se sabe si los productos del mar que se venden en la Nueva Viga, La Viga y demás mercados públicos son legales o no.
Pesca ilegal
Ello debido a que, en nuestro país, la pesca ilegal representa 40% de la captura de producto pesquero, de acuerdo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); que ese delito no declarado, y no reglamentado y pese a ello no ha tomado acciones para evitarlo; inclusive Oceana identificó que sus acciones para combatirla atienden menos del 1% del problema.
En una conferencia de prensa, Renata Terrazas, directora Ejecutiva de Oceana en México, acompañada de Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia de la organización, aseveró que “la pesca ilegal es el mayor problema que enfrentan los mares y pescadores mexicanos. Sin embargo, las acciones de la CONAPESCA son insuficientes; no hay una política pesquera de combate a la pesca ilegal y esto deja en un estado de indefensión a los pescadores del país.”
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Uno de cada 5 son ilegales
La activista aseguró que uno de cada 5 pescados que comemos son ilegales, ya que se opera sin sanciones; no se tiene una política pública que sancione la pesca ilegal por lo que tampoco ha forma de erradicarla.
La organización presentó su reporte Pesca ilegal en México: Soluciones desde la Política Pesquera, en el que compara dos periodos: el primero de 2009-2014, cuando la Auditoría Superior de la Federación evaluó la política pesquera, y el segundo dentro de la actual administración de 2018-2023.
De este análisis, Oceana revela que las retenciones de producto pesquero por pesca ilegal cayeron 75% y las personas detenidas por esta actividad disminuyeron 95%.
No hay estrategia para erradicarla
Terrazas añadió que no existe una estrategia de combate a la pesca ilegal, el enfoque sigue siendo punitivo e ineficiente y tener más sanciones no es la solución porque la ley no se aplica. La alternativa está en focalizar esfuerzos en lo que los propios pescadores han señalado como el problema más grande: la pesca en veda y en zonas protegidas.
De ahí que expuso que el estudio de Oceana reveló que aproximadamente 22% de la pesca en México se “lava”, es decir, entra al mercado legal pero su captura sucedió en algún supuesto de ilegalidad.
Refirió que Oceana analizó los avisos de arribo de diez pesquerías de 2000 a 2022 y encontró que en algunos casos se reportaron especies que estaban en periodo de veda, fuera de su zona de distribución natural, no contaban con permiso para su captura comercial, ni se identificaron como pesca incidental o se usaron artes de pesca no autorizados, entre otros.
Renata Terrazas indicó que “el contexto actual de impunidad permite que producto ilegal entre al mercado legal, afectando a los pescadores que siguen las reglas. Hace falta combatir la pesca ilegal en toda la cadena de valor del pescado", reiteró.
Oceana citó la activista, identificó seis tipos de pescal ilegal que más dañan a los mares y a la gente y en los que se requiere atención prioritaria del Estado Mexicano, entre ellas: pesca en veda, pesca en zonas prohibidas, pesca en áreas naturales protegidas, pesca de especies protegidas, sin autorización y con artes de pesca no permitidas.
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En su participacion, Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia de Oceana en México, dijo que la próxima administración tiene la oportunidad de dar solución a esta problemática que daña a los mares y a la gente. “Hacemos un llamado a quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República a incorporar desde ahora la urgente necesidad de contar con una política pesquera que combata la pesca ilegal, garantizando la participación del sector pesquero, la transparencia y la rendición de cuentas”.
Se han replegado en el combate a la pesca ilegal
De 2018 a 2023, se redujeron drásticamente los oficiales federales de pesca, los recorridos de inspección y vigilancia, así como la cantidad de artes de pesca y producto asegurado.
Las activistas afirmaron que nuestro país no cuenta con una estrategia nacional de combate a la pesca ilegal y no se genera la información suficiente para determinar cuáles son las especies o zonas más afectadas.
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