Más de 34.7 millones de personas que trabajan (59% del total) no tienen ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza; hay 7 millones de personas sin empleo y otras 13.7 millones de mujeres excluidas por que no hay un sistema de cuidados, afirma el más reciente reporte del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con base en los más recientes datos de INEGI (ENOE 2023 - I) y los datos de pobreza laboral de Coneval.
“Mientras haya millones de trabajos que son fábricas de pobreza, no hay manera de reducirla. Los niveles de pobreza están estancados, porque los salarios están estancados desde hace más de 20 años. Esto es inaceptable y debe cambiar” explica Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Indicó que seis de cada diez personas que trabajan son “working poor”, carecen de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza. Son al menos 34.7 millones a inicios de este año, que representa el 59% del total de la población ocupada y que su salario no alcanza para cubrir el costo de dos canastas básicas al mes, por lo que no pueden mantenerse a sí mismas y a una persona más por encima de la línea de pobreza.
Asimismo, destacó más de la mitad tienen trabajos informales (55%) y seis de cada diez carecen de acceso a servicios de salud desde hace años
Además, hay 13.7 millones de mujeres que son excluidas del sistema laboral por realizar labores de cuidado y domésticas
Las nuevas cifras de ocupación y empleo muestran las fallas estructurales del sistema laboral en México, que producen exclusión y precariedad. El vaso laboral no está ni medio lleno, ni medio vacío, sino que está roto.
La organización de la sociedad civil afirma que no se puede festejar el crecimiento de la ocupación mientras más de la mitad de las personas tienen trabajos informales, sin acceso a servicios de salud ni protección social.
Seis de cada 10 personas que trabajan carecen de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza.
Señala que si bien las estadísticas refieren que hay 2.4 millones de personas ocupadas más que hace un año (para un total de casi 58 millones y medio), casi 35 millones de ellas no cuentan con un salario suficiente para superar el umbral de pobreza y carecen de servicios de salud; otro grupo de 7 millones están sin empleo y 13.7 millones de mujeres están excluidas del trabajo remunerado por realizar trabajos de cuidado y del hogar.
El reporte de “Frente a la Pobreza” revela que las condiciones de exclusión y precariedad laboral son estructurales y se mantienen desde hace muchos años y, por tanto, la pobreza no puede bajar sustancialmente.
De ellas, 16 millones son mujeres y 18.6 millones hombres. 10.2 millones son jóvenes entre 15 y 29 años de edad.
Una parte importante de los trabajos sin salario suficiente se producen en grandes y medianas empresas, son 6.3 millones de personas. Casi la mitad de los trabajos en grandes y medianas empresas son fábricas de pobreza (46% de su personal). Si consideramos únicamente los trabajos formales del sector privado registrados en el IMSS, es el 40%. Esto contradice la percepción errónea que los trabajos precarios únicamente corresponden a trabajos informales, en micronegocios y “changarros”.
Uno de los más grandes errores de percepción sobre el sistema laboral se relaciona con el tamaño del desempleo. Muchas campanas se echan a vuelo cuando se cree que México tiene una tasa inferior a 3% y que hemos llegado a una cifra “histórica”.
En este momento, el primer trimestre de 2023 son 7 millones de personas, lo cual ubica la tasa de desempleo “completo” en 10.7% y no en 2.7% como se difunde.
El propio INEGI lo explica: son las que han desistido de buscar empleo, o no lo buscan porque saben que no pueden encontrarlo. No tienen ningún impedimento, la única diferencia es si buscaron trabajo en las dos semanas previas a la encuesta. En sentido estricto, son personas desempleadas.
Además, hay otro grupo mayor que está excluido compuesto mayoritariamente por mujeres.
Están en edad de trabajar, no están estudiando ni están jubiladas o pensionadas, pero declaran no estar disponibles para trabajar, pues trabajan sin remuneración dedicadas a las labores de cuidado de algún familiar y a labores domésticas. De 14.3 millones de personas en esta situación, 13.7 millones son mujeres.
La informalidad es otro aspecto que urge desmitificar: informales no son únicamente quienes tienen un puesto ambulante o trabajan en un tianguis. Los trabajos informales son trabajos sin derechos laborales, sin acceso a los servicios de salud o a algún mecanismos de protección social del sistema de seguro social mexicano, como estancias infantiles, pensión para la jubilación, sistema de ahorro para el retiro o financiamiento para vivienda.
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La informalidad afecta al 55% de la población ocupada y se mantiene en esos niveles desde hace años. El 60% de la población ocupada carece de acceso a servicios de salud por su trabajo, subrayó el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Una parte de la explicación es que al menos 19.2 millones de personas que tienen empleo, es decir trabajo subordinado y asalariado, carecen de contrato estable, son el 51% del total de las que tienen trabajo asalariado y más de 34 millones trabajan sin representación para la negociación colectiva de sus condiciones laborales, son casi nueve de cada 10 personas con trabajo asalariado.
“El crecimiento de la ocupación y el empleo está deformado, es excluyente, produce pobreza e incumple normas básicas del derecho humano al trabajo desde hace muchos años.
Para crecer y para reducir la pobreza hay que superar la trampa de crear empleo sin importar la calidad”, considera Gómez Hermosillo.
Refiere que la fórmula México sin Pobreza es plenamente vigente y requiere un acuerdo por el derecho al trabajo digno; es decir, trabajos con remuneración suficiente y con derechos laborales plenos.
Por tanto, se exhorta a las empresas, especialmente a las grandes y medianas, a adoptar las propuestas de ingreso digno, que a ninguno de sus colaboradores se les pague menos de 8,600 pesos al mes libres, iniciativas que ya han adoptado, por ejemplo, la iniciativa Empresas e Ingreso Digno, así como desde los estados México Digno, en Chihuahua; la Alianza para la Prosperidad, en Guanajuato; y Coincydes, en Jalisco.
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