El desabasto de medicinas ha sido un malestar significativo; las instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE han registrado una caída de entre 6.6% y 4.6% en el nivel de surtimiento de recetas. Solo el IMSS ha dejado de surtir completas 12.5 millones de recetas, revela estudio de la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Además, la caída en la vacunación es otro síntoma preocupante. Únicamente 46% de los niños de un año tienen el esquema completo de vacunación, y sólo 26% de niñas y niños entre 1 y 2 años cumplidos.
De 2018 a 2022, la detección de nuevos casos de enfermedades, como infecciones intestinales y las respiratorias agudas, tuvo una caída del 40% y 34%, respectivamente, citó.
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En acceso a los servicios de salud, de cada 100 personas que tuvieron alguna necesidad 85 la recibieron, pero sólo la mitad lograron atención en alguna institución pública.
Una de cada tres que la recibió en servicio privados fue en un consultorio adyacente a farmacia (36%), con médico privado (47%) o en hospital privado (12%); el resto (5%), en algún organismo no gubernamental o con curanderos.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza realizó el reporte especial “El enfermo está más grave: Deterioro del Sistema de Salud en México”, con la intención de contribuir con datos objetivos a explicar los retos del Estado para avanzar en el cumplimiento del derecho a la salud, argumentó.
Primeros síntomas del shock
Uno de los primeros síntomas del shock en el sistema de salud es el gasto per cápita del gobierno. México ocupa el lugar 25 entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con un gasto público de 538.57 dólares anuales por persona, 20 veces menos que Estados Unidos, Suiza y Dinamarca, que invierten 20 veces más recursos públicos por persona, indicó.
La organización civil destacó que México arrastra una tendencia negativa en el acceso a los servicios de salud. En 2016, el 15.6% de la población (18.8 millones de personas) carecían de acceso; para 2022 se incrementó 2.7 veces y ahora son cerca de 4 de cada 10 personas quienes no tienen cubierto este derecho (50.4 millones).
Quienes están en el segmento de los hogares con menores ingresos (decil I), en 2018 era el 17% de las personas; en 4 años, este valor se multiplicó casi cuatro veces al dejar desprotegidos a 66.2%.
Esta caída crea una nueva realidad para las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. En 2018, una de cada cinco personas en pobreza no tenía acceso a la salud (20%) y para 2022 son tres de cada cinco personas (63%).
Para las personas en pobreza extrema es aún peor, hace cuatro años 26% no tenían acceso y para 2022 creció a 82%.
El gasto que realizan los hogares para atender su salud también creció. En 2018 un total de 18.5 millones de hogares (54% del total) realizaron un gasto de bolsillo asociado a esta necesidad, cifra que en 2022 aumentó a 24.3 millones (65%).
Este incremento se dio principalmente en los 4 primeros deciles: hay alrededor de 40% más hogares pobres con gasto en salud que no fueron cubiertos por el sector público.
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Gasto por hogares
En cuanto al monto que gastan los hogares, de 2018 a 2022 fue de 42%; los de los primeros deciles fueron los más afectados, en el decil el gasto privado de bolsillo subió 90%.
A decir de la ONG, ante las carencias del sector público, la población recurre a los servicios privados, donde destacan los abusos en cobros. De acuerdo con la Profeco, de 2018 a 2021 se registraron 2,218 quejas relacionadas con hospitales o clínicas, un incremento de 51% en 3 años.
El sistema de salud en México arrastra enfermedades crónicas desde hace años; los remedios no han funcionado y ahora está más grave. Necesita reanimación integral para garantizar uno de los derechos fundamentales y universales de toda persona: el acceso a servicios de salud eficientes, de calidad y sin depender de la condición económica de cada persona.
El diagnóstico es preocupante: mucho menos presupuesto que otros países, ya no digamos Dinamarca, sin siquiera estamos cerca de Costa Rica; menos disponibilidad de camas, así como menos médicos, vacunación en declive, desabasto de medicinas, carencia en detección de enfermedades.
Además, menor acceso a la atención, sobre todo en los segmentos de población en mayor condición de pobreza; mayor gasto de bolsillo para los hogares, en detrimento de los que tienen menores ingresos, y abusos de los servicios privados.
Por el citado panorama, el sistema de salud del país debe entrar a terapia intensiva; urge atender las causas estructurales que padece para transitar a un modelo que garantice el cumplimiento del derecho humano de toda persona y, además, evitar que siga siendo una condicionante asociada a los niveles de pobreza.
El tratamiento que propone Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es transitar del actual modelo de seguro social, excluyente, inequitativo y segmentado, hacia uno universal de salud y protección social, no condicionado al trabajo, y que garantice el acceso efectivo a todas las personas.
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Más recursos para la salud
De cara a los retos, y a la discusión del paquete presupuestal para el 2024, se debe priorizar la integración operativa de servicios públicos (al menos el IMSS, que tiene a su cargo la atención a la población sin seguro social a través del “IMSS – Bienestar”) para garantizar la atención de la población sin distinción, para detectar y controlar las enfermedades que son las principales causas de mortalidad (hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad)
Además, recuperar el abasto de medicamentos a las unidades de salud y la cobertura al 100% del programa de vacunación.
A corto plazo, la receta que prescribimos de la sociedad civil contiene un decálogo de acciones: Priorizar la atención primaria a nivel institucional, administrativo y presupuestal. Trazar un plan de acciones preventivas y de control para prevenir complicaciones de las enfermedades de mayor prevalencia. Garantizar las medidas de prevención de la mortalidad infantil y materna.
Homologar los procesos y protocolos de atención interinstitucionales, para facilitar a las personas su debida atención. Establecer mecanismos de participación ciudadana para promover la atención primaria en salud y para vigilar el funcionamiento de los servicios públicos. Avanzar en la integración funcional de los subsistemas desde la atención primaria y los mecanismos para derivar los casos necesarios a la atención de segundo y tercer nivel. Crear los procedimientos de compensación financiera para el mejor aprovechamiento de la infraestructura pública, que atenderá al 90% de la población.
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