La organización de la sociedad civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que pese a lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Estado Mayor Presidencial ya “no existe”, “desapareció”, fue “eliminado”, sin embargo, legalmente eso no ha ocurrido.
Lo que sí es un hecho, es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada. El primero de diciembre del 2018, de acuerdo a un documento que emitió el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, fue puesto “en receso”.
En la investigación de Jacinto Rodríguez Munguía de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo documenta que a tres años de ese anuncio, el Estado Mayor Presidencial, con sus más 8 mil elementos incluidos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida en el medio militar como “en receso”.
Legalmente, el Estado Mayor Presidencial, a cuyos integrantes se les conoce en la jerga del ejército como los militares de terciopelo, no se extinguió, cita la investigación.
Recordó que AMLO anunció en noviembre de 2016 como parte de su Proyecto Alternativo de Nación. Lo repitió decenas de veces antes y durante su campaña política. Una vez ganada la elección presidencial de 2018, lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos de gobierno.
Ya como presidente en funciones, López Obrador reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones: el Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar hasta la respiración del presidente y su familia, se extinguiría.
Argumentó que las razones para desaparecer a ese cuerpo militar eran, básicamente, tres: Resultaba altamente costoso para las finanzas públicas. Que el presidente no necesitaba de seguridad especial porque el pueblo sería quien lo cuidaría.
Y que el Estado Mayor Presidencial había conspirado y participado en operativos contra el pueblo, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en cuya masacre desempeñó un papel principal.
MCI resaltó que desde octubre del 2019 la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentra “congelada” por “razones políticas” en la Cámara de Diputados, a pesar de que el grupo de legisladores de Morena contaba y cuenta con los votos necesarios para aprobarla en cuanto lo desee.
La ONG recordó que el presidente siempre afirma “a mí me cuida el pueblo”. Y su anuncio que las camionetas blindadas del EMP, “no se van a usar en Presidencia. Todo eso pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Todo lo que era el Estado Mayor, instalaciones, desde luego, los elementos, pasan a formar parte de la Secretaría de la Defensa”.
También refirió que los 8 mil guardianes del presidente poseían un estatus especial dentro de las fuerzas armadas derivado de sus lazos directos con la Presidencia de la República.
Una vez que la iniciativa presentada por Félix Salgado Macedonio fue aprobada por el pleno del Senado, la minuta llegó el 23 de mayo de 2019 a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su revisión y previsible aprobación dada la mayoría de legisladores de ese partido.
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Pero este tema tan destacado en la agenda política del presidente López Obrador se sumió inesperadamente en una zona de silencio, que se rasgó tímidamente tres meses después cuando los integrantes de la Comisión de Defensa se reunieron el 17 de octubre de ese año en el salón C del edificio G.
Igualmente MCI señaló que legalmente no ha desaparecido. Para Felipe Neri Narváez, especialista en derecho constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, para que la decisión del titular de la Defensa Nacional de “poner en receso” al Estado Mayor Presidencial tenga validez legal, se requiere cumplir algunas condiciones básicas e indispensables.
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