Al dejar en claro que los espacios públicos de calidad deben ser un derecho para todos, la integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido Magos, aseguró que las autoridades tienen la obligación de recuperar, mantener, crear y regenerar lugares en condiciones de calidad, igualdad y sanidad, con la previsión de que sean inclusivos, accesibles y seguros.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del recinto de Donceles y Allende, la congresista panista aclaró que ese derecho no debe ser excluido de la metrópoli, por lo que tiene que extenderse a todo el territorio nacional.
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Ante ello, anunció que la instancia legislativa a su cargo y la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a cargo del representante popular blanquiazul Diego Orlando Garrido López, analizarán la iniciativa ante el Congreso de la Unión a través de la cual se busca que las y los habitantes de todo el país, se les reconozca desde la Constitución, el derecho al espacio público, lo anterior por considerarlo como el medio ideal para ejercer plenamente otros derechos como la buena administración, el tiempo libre y una ciudad habitable.
Salido Magos, al explicar la iniciativa que ella promueve, expuso que en la capital del país se tiene una Constitución con una visión diferente del espacio público que ha roto paradigmas respecto de la forma de verlo y valorarlo en el desarrollo urbano.
Delineó que esa nueva concepción del espacio público, adopta criterios de ordenamientos internacionales, como el Programa Mundial de Espacio Público, que ONU–Hábitat puso en marcha en el año 2012. Convocó a los representantes populares tanto locales como federales, a “no dejar pasar la posibilidad de replicar como integrantes del Constituyente Permanente, el trabajo y estudio que este Congreso ha realizado en materia de espacio público en favor de todas las personas, pues lograr el reconocimiento de este derecho, será pieza clave para lograr ciudades habitables que permitan ejercer plenamente otros derechos que la ciudadanía esté por conquistar”.
Hizo notar, durante una entrevista, que desde la I Legislatura del Congreso capitalino, se consideró importante contar con una comisión ordinaria responsable del estudio y análisis de las normas que impactan con el uso y aprovechamiento del espacio público, porque de forma general se obtiene un beneficio en favor de todos.
Detalló que de forma particular, el artículo 13 de la Constitución reconoce el derecho a “usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas” y tiene entre sus funciones mejorar la calidad de vida de las personas, generar arraigo y fortalecer el tejido social de todas las comunidades, así como la convivencia, el descanso, esparcimiento y el desarrollo de actividades físicas o artísticas de todas las personas.
Insistió que de ahí la obligación de las autoridades de procurar espacios públicos de calidad, basada en ordenamientos internacionales como lo es el Programa Mundial de Espacio Público de la ONU–Hábitat y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en una de las metas del objetivo 11: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, que buscan la creación de zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles para el año 2030, principalmente para personas que forman parte de grupos vulnerables, es decir, mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Expuso que la Nueva Agenda Urbana, aprobada en octubre de 2016 establece acciones para lograr un mejor futuro mediante el crecimiento ordenado de las ciudades, por lo que señala la importancia de la planificación y gestión del espacio público seguro, accesible y de calidad, incluyéndose como eje prioritario.
“Es por ello que la propuesta busca elevar el derecho al espacio público, de lo local a lo federal, a través de la adición de este, al artículo cuarto de la Constitución federal, reforzando uno de los planteamientos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, más cuando la protección y progresividad del espacio público, se integra como principio de la planeación”, detalló.
Señaló que en parte la propuesta está basada en la facultad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para homologar términos y conceptos en el uso y disposición del espacio público, sus elementos y el equipamiento urbano para considerarlo en todos los planes y programas de desarrollo urbano, en los tres órdenes de gobierno.
Aclaró que derivado de esa facultad, en la actualidad se cuenta con la primera norma vigente en materia de espacio público como elemento indispensable en toda sociedad: la “NOM–001–SEDATU–2021, Espacios públicos en los Asentamientos Humanos”, publicada el 22 de febrero de 2022, la cual, sumada a esta propuesta, garantizarán la creación, conservación, rescate, mantenimiento e incremento de espacios públicos.
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