Ante la preocupante inacción de los estados por brindar espacios de protección infantil como lo es una escuela saludable, en donde se garantice el bienestar presente y futuro de niñas, niños y adolescentes, las organizaciones civiles El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) aseguran que en promedio, 98% de las escuelas de la región centro – sur del país ofertan día a día golosinas, frituras y dulces, y menos del 10% tienen acceso a agua potable.
En conferencia de prensa expertos y activistas reiteraron que nuestro país presenta uno de los mayores retos en salud pública por malnutrición, ya que ocupa el 5º lugar de obesidad en el mundo, y advierte un aumento particularmente rápido de la obesidad infantil, proyectando que para 2030, 7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años vivirán con dicha condición (43% de la población).
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La obesidad no sólo afecta la calidad de vida, la educación, la salud física y mental, también tiene catastróficas e insostenibles consecuencias económicas para el país, puesto que su atención asciende a más de 650 mil millones de pesos anuales (3% del PIB).
Uno de los principales determinantes de la epidemia de obesidad infantil es la mala alimentación, la cual actualmente resta 4 años de esperanza de vida a las generaciones más jóvenes.
Lo anterior se atribuye en gran medida a la presencia de entornos no saludables en donde niñas y niños se desenvuelven, incluyendo las escuelas.
Los expertos llaman al pleno del Senado a aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para prohibir los alimentos y bebidas no saludables en las escuelas, ya aprobada en diputados.
En México, la mayoría de los entornos alimentarios escolares se caracterizan por la presencia de una oferta desmedida y constante de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, y las escuelas de la región centro y sur del país son un claro ejemplo.
Particularidades agravadas de los entornos alimentarios en las escuelas Centro sur (Morelos, Estado de México y Ciudad de México): 97% vende frituras, dulces y golosinas, y 8 de cada 10 escuelas tienen veta externa de productos ultraprocesados.
De la región centro – sur del país
Sureste (Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán): No hay acceso a agua potable y alimentos saludables como frutas, verduras, semillas y cereales integrales. Dominan los alimentos y bebidas no saludables.
Suroeste (Guerrero, Oaxaca y Chiapas): 8 de cada 10 escuelas venden refrescos. En contraparte, solo 1 de cada 10 escuelas cuenta con acceso a agua potable. Dominan los alimentos y bebidas no saludables.
Este (Puebla, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo): Menos del 20% de las escuelas tiene acceso a agua potable y alimentos saludables. Dominan los alimentos y bebidas no saludables.
Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable declaró: “parte del lema de este año en el Día Mundial de la Alimentación es no dejar a nadie atrás, sin embargo, las escuelas del centro – sur del país están dejando en completo abandono la salud y nutrición presente y futura de las y los escolares, situación similar al del resto del país, aunque se trata de una población en mayor vulnerabilidad.
Los entornos alimentarios en las escuelas de estas regiones presentan uno de los panoramas más alarmantes del país, puesto que hasta el 84% de las escuelas venden refrescos diariamente, y en contraparte, sólo 1 de cada 10 cuentan con acceso a agua potable.
Por tanto, niñas y niños están forzados a consumir día a día productos que afectan no solo su salud, sino también el bienestar social y económico del país”.
A pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de las Naciones Unidas para fortalecer y hacer cumplir las regulaciones sobre los entornos alimentarios en las escuelas, los intereses privados siguen impidiendo la transición de las escuelas a espacios saludables.
Vanessa Gamboa, representante de Alternativas en Salud y Desarrollo declaró que “Yucatán cuenta con un marco legal que regula la alimentación en escuelas, promulgado en diciembre de 2020, que establece una prohibición en la distribución, venta, regalo y suministro de alimentos y bebidas con exceso de sodio, grasas y azúcares en escuelas públicas de niveles preescolar y primaria, excluyendo lamentablemente al nivel secundaria, debido a conflictos de interés y a la influencia de la industria de productos ultraprocesados.
En el ciclo escolar en curso, la mayoría de las escuelas de educación básica del estado no cumplen con esta legislación, por lo que resulta necesario reforzar el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil para lograr contar con un marco legal más integral que vigile la implementación, y que se aplique a todos los niveles educativos”.
Por su parte, Mauricio Del Villar, integrante de la campaña Oaxaca sin Chatarra declaró: “Oaxaca se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional de muerte por diabetes, y antes una inacción gubernamental sobre la situación alimentaria nace la campaña Oaxaca sin Chatarra, la cual busca concientizar sobre los cambios en hábitos de alimentación para fortalecer la buena salud, la alimentación y el bienestar de niñas y niños, así como el bienestar del ambiente que los rodea, incluyendo las escuelas, las cuales son espacios en donde se deben garantizar sus derechos. Entre las actividades de la campaña destacan la recuperación de las formas tradicionales de preparar los alimentos y la apuesta por que se tomen decisiones en conjunto con directores y padres de familia para que los productos chatarra no estén dentro de la escuela ni en sus alrededores”.
Las legislaciones locales deben ser una prioridad para que sumen al combate de la obesidad infantil. Frente el término de la administración actual, y considerando que aún hay una agenda pendiente con la alimentación y nutrición escolar, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a emprender acciones para garantizar el interés superior de la niñez.
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