México vive la peor crisis de inseguridad de la que se tenga registro, se ha militarizado el país por vías legales, presupuestal y operativa; no hay una línea que separe a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional; un presupuesto insuficiente para seguridad pública y “rivalidad” entre la Sedena y Marina, aseguró la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, al subrayar que ante ese panorama, la respuesta del gobierno federal se ha dado a través de acciones inadecuadas, fallidas e inconsistentes.
Reveló que a pesar del control militar de la seguridad civil, los delitos de alto impacto han registrado un aumento en los primeros meses del actual gobierno. Tan sólo en el periodo de diciembre 2018 a octubre 2019, se registraron: 32 mil 565 víctimas de homicidio; 933 de feminicidio; mil 564 de secuestro, y 7 mil 915 de extorsión, todos con un porcentaje al alza del 3, 17, 13 y 35%, respectivamente.
“Diariamente se comenten en el país 99 asesinatos, tres feminicidios, cinco secuestros y 24 extorsiones por lo que si la tendencia de homicidios continúa, el año cerrará con 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un promedio diario de 110 asesinatos”, indicó.
Expuso que en varios municipios del país, la violencia rebasó al Estado y está fuera de control, durante el primer año de gobierno de López Obrador.
Al presentar del informe 2019 ¿Cómo vamos en Seguridad Pública? de la organización Morera Mitre demandó al Presidente rectificar su estrategia y "si en ella no cabe el secretario Alfonso Durazo que se valla". No sólo se trata de ser honrados, sino eficaces y capaces.
Morera comentó que la crisis de violencia que vive el país se ve agravada por la falta de denuncia formal, de seguimiento a los delitos y de impartición de justicia, “los delitos que no se denuncian ni se investigan, conocidos como cifra negra, alcanzan el 93% en promedio a nivel nacional, pero en casos como las extorsiones la cifra negra es del 97.9%”.
En conferencia de prensa, acompañada por Julio Ríos Figueroa, investigador y director de la División de Estudios Políticos del CIDE, y José Antonio Polo, director de Causa en Común, la activista lamentó que no se sabe cuántos son los efectivos de la Guardia Nacional, porque las cifras que ha presentado el gobierno federal son contradictorias y consideró que este cuerpo policíaco no va a crecer en el próximo año.
Denunció que del 1o. de enero a la fecha, han sido asesinados 382 policías, lo que significa que al día muere más de un uniformado diariamente.
En su exhibición citó que no hay estrategia de seguridad pública en contra del crimen, de manera directa o indirecta, lo que ha permitido que no se reduzca la incidencia delictiva.
A la activista se le preguntó sobre la fallida estrategia de seguridad, a lo que respondió que es una deshonestidad agarrar un puesto al que nunca te has preparado, en referencia a los resultados que ha tenido el secretario Alfonso Durazo al frente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Morera recalcó que sólo el 6% de las declaraciones del Presidente de la República, en materia de seguridad son comprobables o concuerdan con los datos emitidos por las instituciones de seguridad pública.
Puntualizó que los errores en materia de seguridad se han visto reflejados en los siguientes puntos: la seguridad se militarizó. Se debilitaron las instituciones de seguridad pública. Hubo modificaciones legales con afectaciones a derechos.
Causa en Común, dio a conocer que las acciones en materia de seguridad de la actual administración, como la creación de la Guardia Civil, ponen a la Sedena al frente de la seguridad pública, lo que implica un debilitamiento de los cuerpos de policía local, y una militarización de los cuerpos de protección ciudadana en todo el país.
Manifestó que “los criterios de despliegue y operación de la Guardia Nacional son inciertos, no han sido explicados de manera clara y sus labores van desde atender delitos de alto impacto hasta cuidar niños cuando regresan a clases. Ese rango tan variable de responsabilidades, da a entender que su función está más orientada por criterios políticos que técnicos”.
La presidenta de la organización añadió que los asesinatos de policías se han convertido en un problema creciente. Tan solo hasta el 2 de diciembre de 2019 han sido asesinados 382 policías.
La situación se agrava con las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública, “la gran mayoría de las policías no tienen las prestaciones mínimas de ley, no existe una carrera policial, no hay condiciones para una capacitación adecuada, y los elementos trabajan jornadas laborales de 24 horas o más, percibiendo salarios mensuales inferiores a los 15 mil pesos”, refirió Morera.
El informe refiere que el presupuesto destinado a la seguridad creció de 2018 a 2019 en 873 millones de pesos, que representa apenas el 0.9% del PIB; es decir, quedó en 225 mil 950 millones de pesos, cuando los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destinan en promedio 3% de su PIB, en acciones de seguridad pública, orden y defensa.
Otro aspecto preocupante de las acciones de seguridad de la actual administración, es la serie de modificaciones legales con afectaciones a derechos.
Destacó que Causa en Común, analizó 140 preguntas realizadas por los medios de comunicación sobre asuntos de seguridad pública, cuestionamientos que se verificaron ante el Sistema Nacional de Transparencia a través de 90 solicitudes de información pública, dirigidas a las instituciones con facultades en materia de seguridad y justicia.
De dicho ejercicio se concluyó que 118 de las respuestas (84.3%) no permiten verificar la información proporcionada por el Presidente y otros funcionarios, pues las instituciones dicen no contar con la información que se les solicita o se declaran incompetentes para responder; en 13 ocasiones (9.3%), las instituciones proporcionaron información que no concuerda con las declaraciones; y únicamente en 9 (6.4%) se ofreció información que respalda adecuadamente las declaraciones.
EGS
