En México defender derechos humanos y ejercer la labor periodística sigue siendo una actividad de alto riesgo. Se habita en un país en donde no existen garantías plenas para el ejercicio de defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
Ataques, desplazamiento forzado, agresiones, asesinatos, desapariciones, detenciones, estigmatización, difamaciones y violencia digital son algunas de las prácticas que hemos registrado en el periodo septiembre 2022- septiembre 2023”.
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En el informe “el reto de defender Derechos Humanos en México”, realizado por Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)”, destaca que en cuanto a personas periodistas, entre diciembre de 2018 y junio de 2022 se habían registrado 59 asesinatos a periodistas, de los cuales el 61% se concentró en seis entidades: Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
La violencia en contra de las mujeres periodistas tuvo un incremento preocupante del 209% al inicio del actu- al sexenio en comparación con el periodo anterior, con 5 feminicidios de periodistas registrados y el despla- zamiento forzado de otras 149.
Además del asesinato, otras agresiones que persisten en contra de personas defensoras y periodistas han sido la obstaculización de su labor, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, vigilancia, descalificación, hostigamiento, persecución, robo, privación de la libertad, desplazamiento forzado y secuestro.
Asimismo, resalta que de enero de 2019 a enero de 2023 se registraron 82 agresiones letales a personas y comunidades que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
Los estados con más incidencias reportadas en estos años fueron Chiapas (2019), Guerrero (2020), Oaxaca (2021) y nuevamente Guerrero (2022).
La investigación señala que de acuerdo con cifras de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022, ACUDDEH registró 54 desapariciones forzadas, mil 99 detenciones arbitrarias y 354 violaciones de derechos humanos consistentes en agresiones, hostigamientos, amenazas, allanamientos, criminalización y otras afines.
Además, de enero de 2019 a diciembre de 2022 se reportan, al menos, 79 ejecuciones extrajudiciales. En todos estos casos, las agresiones estuvieron asociadas al ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
Chihuahua y Puebla, las entidades con mas atentados contra periodistas
Entidades como Chihuahua y Puebla, además de los mencionados, no dejaron de aparecer en los primeros lugares de los registros a lo largo de ese mismo periodo, siendo los territorios indígenas los más vulnerables por la imposición de proyectos extractivos.
Según los registros del Memorial de Personas Defensoras (HRD Memorial), 18 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinadas.
Según cifras oficiales, los asesinatos ocurrieron principalmente en contra de quienes cubren las fuentes policiaca y de la política, o documentan temas relacionados con estos ámbitos.
La RED TDT resalta que las principales víctimas de estos hechos son quienes defienden los derechos ambientales, derechos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTTIQ+, dere- chos de las personas en situación de desplazamiento, defensores/as de personas migrantes, quienes defien- den los derechos de la niñez y finalmente quienes bus- can a personas desaparecidas.
Entre los presuntos agresores persisten en su mayoría servidores públicos con un 43.1%, miembros de la delin- cuencia organizada en un 33.5% y un perfil no identifi- cado en un 23.4% de los casos10.
Por último, la propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) documentó 9 asesinatos (7 periodistas y 2 defensores) en contra personas beneficiarias de medidas de protec- ción por parte del Mecanismo federal, esto entre 2017 y septiembre de 202111. Asimismo, 4 periodistas más que contaban con medidas de protección de mecanismos locales también fueron asesinadas/os12. De estos casos no hay avances en las investigaciones administrativas y penales en contra de funcionarios/as públicos por la omisión de debida diligencia en su deber de protección.
En México hay más de 17 normatividades estatales de protección, sin embargo existe una ausencia de estrategias efectivas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para implementar las medidas de protección y fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades.
Entre sus recomendaciones indica que durante 2022 la Secretaría de Gobernación instaló una serie de diálogos regionales con instancias de gobierno, personas defensoras y periodistas para discutir sobre la propuesta de una reforma a la actual Ley Federal de Protección.
Durante este periodo existieron diversos análisis críticos desde las organizaciones de la sociedad civil sobre la implementación de las leyes en México. Hasta 2023 no se conoce la propuesta de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Finalmente menciona que la labor de defensa de derechos humanos en México es indispensable para garantizar procesos de paz, justicia, dignidad y democracia, es por ello que es urgente adoptar medidas que acuerpen, protejan y prevengan la violencia en contra de quienes buscan mejorar las condiciones de vida nacionales e internacionales.
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