El robo de gasolina o diésel comúnmente conocido como “huachicoleo” que se practica en varios estados del país, no ha podido ser frenado, y en el caso específico de Guanajuato, la desastrosa administración del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha permitido el aumento de este delito a tal grado que, la Cámara de Diputados pidió al gobernador de la entidad identificar complicidad de funcionarios estatales con el crimen organizado en materia de robo de combustibles.
Los legisladores también le pidieron diseñar una estrategia con el gobierno federal para frenar el huachicoleo que se da en el llamado triángulo de las Bermudas, como se le conoce a la franja en la que operan los carteles, de frontera a frontera, por todo el estado de Guanajuato y donde viven el 70 por ciento de la población guanajuatense.
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Guanajuato es un estado estratégico para el trasiego de huachicoleo toda vez que hace frontera con Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Jalisco, estados con fuerte presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, que junto con el otrora poderoso Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL) se disputan el control del huachicoleo en Guanajuato.
Hasta antes de la irrupción del cartel Jalisco, el CSRL tenía acaparado el negocio de la sustracción ilegal de combustible, sobre todo en los ductos Salamanca-Degollado, Salamanca-Guadalajara, Salamanca-León y Tula-Salamanca de donde se especula que el José Antonio Yepes “El Marro” líder de la organización y quién fue capturado en agostos de 2020, llegó a robar hasta un millón y medio de litros de gasolina al mes.
Reportes del gobierno federal señalan que durante los primeros seis meses del presente año, en Guanajuato fueron detectadas 16 tomas clandestinas de gas LP, mientras que en el mismo periodo, pero de 2022 fueron detectadas cinco tomas clandestinas, lo que ubica a la entidad que gobierno el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en los primeros lugares de ordeña de hidrocarburo, junto con Veracruz, Puebla, el Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco.
El reporte federal advierte que en el primer semestre del año, en los municipios de Salamanca, Celaya, Villagrán, Apaseo el Alto y Cortazar fueron detectadas 14 tomas clandestinas, por lo que ante los nulos resultados del gobierno que encabeza Sinhue Rodríguez, el gobierno federal incluyó al estado en el programa de resguardo de ductos, con el despliegue de 1,477 elementos de la Guardia Nacional y 265 vehículos a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas, en 85 Bases de Operaciones, con el objeto de salvaguardar 12 ductos.
La complicidad de autoridades de Guanajuato y la delincuencia quedó al descubierto por la organización hacktivista Guacamaya Leaks, quien reveló que, José Trinidad Zarco, alias El Padrino y líder de un grupo dedicado al robo del gas LP en el Estado de México, tejió una alianza con José Antonio Yépez, alias El Marro, ex líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, para detonar el hurto de este combustible en Guanajuato.
En dicho documento se revela que el gas LP robado en Guanajuato salía de una toma clandestina ubicada en El Sabino, municipio de Apaseo el Alto, y para llegar al Estado de México tomaban dos rutas: la carretera México-Querétaro y el Macrolibramiento.
El Marro sentó sus reales en Guanajuato y fueron años de bonaza para su organización con la obtención de dinero ilícito que obtenía con la ordeña de ductos de Pemex, tal es así que a la entidad se le conoció como el Triángulo de las Bermudas ya que operaba de frontera a frontera y en más de 15 municipios.
El Cartel Santa Rosa de Lima sigue teniendo fuerte influencia en los municipios del centro de la franja, alrededor de Villagrán y Celaya. Mientras que el Cartel Jalisco Nueva Generación mantiene las zonas de León, Silao e Irapuato, aunque con la captura de Yepes se presume que el poder del Cartel Jalisco ha crecido al amparo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez
Es tan grave la situación en la entidad que el pasado 18 de enero, la Cámara de Diputados, a través de la Segunda Comisión, conformada por Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, exhortó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a llevar a cabo una exhaustiva investigación interna para detectar la posible complicidad de funcionarios estatales con el crimen organizado en materia de robo de combustibles.
El exhorto también fue para el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, para que genere una estrategia, en coordinación con el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, para reducir el robo de combustibles a través de las tomas clandestinas en el estado de Guanajuato.
De manera tajante exhortó al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guanajuato, a definir una estrategia conjunta que permita reforzar los programas de seguridad física en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), especialmente en los ductos que atraviesan esa entidad, ante el aumento de robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas
También a todos los órdenes de gobierno a realizar investigaciones exhaustivas y permanentes que permitan conocer el grado de involucramiento de servidores públicos en este delito, cuidando en todo tiempo los principios de presunción de inocencia y debido proceso de los involucrados, y en estricto respeto de los respectivos ámbitos de competencia en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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