/ jueves 4 de marzo de 2021

Ambientalistas se ampararán contra reforma eléctrica, piden energías limpias

Organizaciones sociales y Ambientalistas preparan una demanda de amparo en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, la acusan de abandonar las políticas de mitigación del cambio climático

El Movimiento #JóvenesPorNuestroFuturo advirtió que la Ley de la Industria Eléctrica es un regreso al pasado que viola los Tratados Internacionales. Además, favorece que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Organizaciones civiles y ambientalistas lamentaron la aprobación de la iniciativa preferente del Presidente de la República que reforma y adiciona la Ley de la Industria Eléctrica porque representa un regreso al pasado que viola los Tratados Internacionales en materia ambiental, y anunciaron que presentarán una demanda de amparo en contra de la LIE que abandona las políticas del cambio climático.

El Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, Sociedad estudiantil de Ingeniería Ambiental, “Xoxoctic Tlalli”, UPIBI-IPN, Organización de la Sociedad Civil, Espacio Progresista y Colectiv, denunciaron que dicha reforma constituye un acto inconstitucional que favorece el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

“Quienes votaron por la reforma, hicieron a un lado los principios de la Carta Magna, y decidieron abandonar las principales políticas de mitigación del cambio climático que tenemos en México plasmada en instrumentos como la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático”, denunciaron.

Hicieron ver que el sector eléctrico, por la tecnología y las inversiones existentes, es el sector con el que nuestro país podía contribuir en mayor medida al esfuerzo de la comunidad internacional para frenar a tiempo el calentamiento del planeta, ya que se trata del sector responsable de la mayor cantidad de emisiones en el país.

“El Estado Mexicano está obligado constitucionalmente a llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación a la crisis climática en concordancia con el Artículo Cuarto sobre Derecho al Medio Ambiente Sano. Ello necesariamente implica diseñar e implementar una política energética que favorezca la sustitución gradual de combustibles fósiles por energías renovables”.

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El objetivo de dicha política, expusieron las organizaciones, debe ser la reducción significativa de las emisiones de CO2. Sólo así podremos evitar que la temperatura del planeta siga aumentando con todas sus irreversibles y dolorosas consecuencias.

Denunciaron también que la votación en el Senado se realizó en un solo día sin parlamento abierto ni mecanismos que hicieran efectivo el derecho de acceso a la participación en asuntos ambientales estipulado en el recién ratificado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, así como con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

También se realizó sin escuchar a la comunidad científica ni a los jóvenes, comentaron, y “paradójicamente la votación ocurrió un día después de que, en su declaración conjunta, el presidente López Obrador y el presidente Biden resaltaron la importancia de abordar la crisis climática.

“Jóvenes en todo el mundo nos encontramos lidiando con las resistencias de nuestros gobiernos para cumplir con la reducción de emisiones de CO2 que requerimos urgentemente. Los Tribunales, en varias jurisdicciones del planeta, están resolviendo las demandas que los ciudadanos están interponiendo en contra de sus autoridades por falta de acciones contundentes contra el cambio climático”.

En México, enfatizaron, las juventudes rechazamos las reformas y lucharemos por nuestro futuro. Vamos a presentar una demanda de amparo reclamando la eficacia y garantía de nuestro derecho constitucional a una política energética compatible con nuestro derecho a un futuro y a un medio ambiente sano.

“Esperamos que nuestros jueces constitucionales nos otorguen, como lo han hecho en otros países, el reconocimiento y protección a nuestro derecho a un futuro viable en términos ambientales y de salud”.

Los jóvenes no queremos vivir enfermos por causa de las acciones del país en que nos tocó nacer, queremos y exigimos tener bienestar y calidad de vida, tener la posibilidad de planear a futuro y ninguna autoridad, “incluido el Presidente, puede estar por encima de lo quemandata la Constitución, concluyeron las organizaciones civiles de jóvenes y ambientalistas.

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El Movimiento #JóvenesPorNuestroFuturo advirtió que la Ley de la Industria Eléctrica es un regreso al pasado que viola los Tratados Internacionales. Además, favorece que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Organizaciones civiles y ambientalistas lamentaron la aprobación de la iniciativa preferente del Presidente de la República que reforma y adiciona la Ley de la Industria Eléctrica porque representa un regreso al pasado que viola los Tratados Internacionales en materia ambiental, y anunciaron que presentarán una demanda de amparo en contra de la LIE que abandona las políticas del cambio climático.

El Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, Sociedad estudiantil de Ingeniería Ambiental, “Xoxoctic Tlalli”, UPIBI-IPN, Organización de la Sociedad Civil, Espacio Progresista y Colectiv, denunciaron que dicha reforma constituye un acto inconstitucional que favorece el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

“Quienes votaron por la reforma, hicieron a un lado los principios de la Carta Magna, y decidieron abandonar las principales políticas de mitigación del cambio climático que tenemos en México plasmada en instrumentos como la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático”, denunciaron.

Hicieron ver que el sector eléctrico, por la tecnología y las inversiones existentes, es el sector con el que nuestro país podía contribuir en mayor medida al esfuerzo de la comunidad internacional para frenar a tiempo el calentamiento del planeta, ya que se trata del sector responsable de la mayor cantidad de emisiones en el país.

“El Estado Mexicano está obligado constitucionalmente a llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación a la crisis climática en concordancia con el Artículo Cuarto sobre Derecho al Medio Ambiente Sano. Ello necesariamente implica diseñar e implementar una política energética que favorezca la sustitución gradual de combustibles fósiles por energías renovables”.

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El objetivo de dicha política, expusieron las organizaciones, debe ser la reducción significativa de las emisiones de CO2. Sólo así podremos evitar que la temperatura del planeta siga aumentando con todas sus irreversibles y dolorosas consecuencias.

Denunciaron también que la votación en el Senado se realizó en un solo día sin parlamento abierto ni mecanismos que hicieran efectivo el derecho de acceso a la participación en asuntos ambientales estipulado en el recién ratificado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, así como con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

También se realizó sin escuchar a la comunidad científica ni a los jóvenes, comentaron, y “paradójicamente la votación ocurrió un día después de que, en su declaración conjunta, el presidente López Obrador y el presidente Biden resaltaron la importancia de abordar la crisis climática.

“Jóvenes en todo el mundo nos encontramos lidiando con las resistencias de nuestros gobiernos para cumplir con la reducción de emisiones de CO2 que requerimos urgentemente. Los Tribunales, en varias jurisdicciones del planeta, están resolviendo las demandas que los ciudadanos están interponiendo en contra de sus autoridades por falta de acciones contundentes contra el cambio climático”.

En México, enfatizaron, las juventudes rechazamos las reformas y lucharemos por nuestro futuro. Vamos a presentar una demanda de amparo reclamando la eficacia y garantía de nuestro derecho constitucional a una política energética compatible con nuestro derecho a un futuro y a un medio ambiente sano.

“Esperamos que nuestros jueces constitucionales nos otorguen, como lo han hecho en otros países, el reconocimiento y protección a nuestro derecho a un futuro viable en términos ambientales y de salud”.

Los jóvenes no queremos vivir enfermos por causa de las acciones del país en que nos tocó nacer, queremos y exigimos tener bienestar y calidad de vida, tener la posibilidad de planear a futuro y ninguna autoridad, “incluido el Presidente, puede estar por encima de lo quemandata la Constitución, concluyeron las organizaciones civiles de jóvenes y ambientalistas.

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