Virtual “guerra” interna en el Congreso de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Con diferencias marcadas de cara a la definición de candidaturas para la elección local del 2021, concluye el año para integrantes de la bancada de Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde se vivieron a lo largo de los meses pugnas internas por controlar unidades administrativas, incluidos honorarios, así como prerrogativas que recibe cada uno de los diputados.

Si bien parecería que el agua volvía a su cauce luego de que el 1° de octubre se ocuparon cargos que estaban acéfalos y de los que tienen las riendas los grupos internos de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, el escándalo volvió al recinto de Donceles y Allende, al haber renunciado con fecha del 30 de noviembre Julieta Jacqueline Rico Dueñas, como titular de la Coordinación de Comunicación Social, a quien querían hacer responsable de una serie de facturas que no se generaron en su corta gestión.

Además de Rico Dueñas rindieron protesta al principio de octubre Alfonso Vega González, como titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios; Reynaldo Baños Lozada, responsable de la Oficialía Mayor, así como Diego Antonio Saturno García, del Canal de Televisión del Congreso citadino.

Los cuatro fueron aprobados en sesión del pleno del Poder Legislativo local por 41 votos a favor, tres en contra y 10 abstenciones, luego de ser aceptada la propuesta que al respecto presentó la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo Román.

Por el momento como encargado de despacho de la Coordinación de Comunicación Social está Cristian Daza, quien oficialmente es coordinador ejecutivo A de esa área y que, ante la ausencia de Jaqueline Rico, ya se puso a las órdenes de los representantes populares y se presentó como licenciado en ciencias de la comunicación con 25 años de experiencia en el medio periodístico. Además, es de todos conocido que es gente de la diputada local por Morena Donají Ofelia Olivera Reyes, que forma parte del grupo de Valentina Batres Guadarrama.

La situación por la que pasó la última coordinadora del área de comunicación es que la presionaban para que despidiera a ocho personas, sin que hubiera justificación, porque hasta el día 20 de noviembre podría haber altas y bajas, oportunidad para poder emplear a personas que tienen el apoyo de legisladores y dejar fuera a algunos trabajadores, como se pretendía hacer con el subdirector de información José Juan Reyes Pérez.

Fue aprovechada la coyuntura para intentar desacreditar a la persona que fue aprobada por el pleno, con una serie de versiones como el hecho de que se le había perdido la confianza y ello lo afirmó la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Martha Ávila Ventura. Pero el hecho es que aún no encuentran a una persona que en la Coordinación de Comunicación Social quiera firmar alrededor de 25 órdenes de inserción que se dice son por aproximadamente un millón 500 mil pesos.

El escándalo fue tal que el 18 de noviembre, luego de que se difundió información que señalaba que Rico Dueñas renunció a su cargo tras negarse a firmar documentos para justificar gastos por más de un millón de pesos, que no estarían respaldados por documentos, que la Jucopo determinó pedir un informe detallado sobre esta situación.

David Deolarte | La Prensa

Así, ante el ruido generado, en la sesión de ese día de la Jucopo, el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, llevó el tema a la discusión y explicó que luego de que en columnas periodísticas se difundió, era necesario conocer a detalle los hechos.

Fue claro el perredista en el sentido de que ningún legislador puede solicitar la renuncia a un funcionario administrativo del Congreso, e hizo un extrañamiento de que este asunto no haya sido abordado en la Jucopo, que es el órgano de gobierno idóneo para desahogar cualquier irregularidad.

“Ninguna diputada o diputado podrá desde el punto de vista legal solicitar renuncias a los titulares de las áreas administrativas del Congreso, porque ningún diputado por mucho que haya propuesto a alguien, es el dueño del cargo que ha propuesto”, sentenció.

Demandó que se citara, en su momento, a la coordinadora de Comunicación Social para que entregara la información sobre el tema y se aclarara cualquier duda, pero ello no procedió. En una primera instancia, Lobo Román como presidente de la Jucopo, estuvo a favor de solicitar las tarjetas informativas para conocer qué es lo que pasaba y, propuso una reunión para darle salida al asunto, la cual no se consolidó.

A su vez, la morenista Martha Ávila Ventura, aseguró que pudiera haber algún manejo inadecuado de información sobre algunas facturas que se pagaron, pero rechazó tajantemente que existiera desvío de fondos. También, en ese entonces, estuvo a favor de que fueran llamados el Tesorero y el Contralor interno, a fin de dejar en claro el manejo de los recursos públicos y que no hay ninguna anomalía. Estimó que cualquier funcionario está en su derecho de renunciar a su cargo, si ello conviene a sus intereses personales.

Una vez que Ricardo Ruiz Suárez, suplente de Alejandro Encinas Rodríguez, actual subsecretario de la Secretaría de Gobernación, enfrentó en diciembre de 2019 la guerra interna y decidió renunciar a la coordinación de la bancada, al cargo de la misma está desde finales de enero pasado Martha Ávila, que liderea un grupo junto con Valentina Batres y que, mantiene una abierta rencilla con la diputación a fin a Ricardo Monreal Ávila, de donde salió José Luis Rodríguez Díaz de León como vicecoordinador de los morenistas.

La guerra por el poder en el interior del Congreso, donde los 66 representantes populares reciben 110 mil pesos mensuales para sus asesores y, 80 mil más quienes presiden alguna de las 40 comisiones ordinarias o seis comités, se acrecentó a principios de año y, ésta incluyó el presupuesto interno y la definición de candidaturas ante las próximas elecciones, con un diputado morenista Efraín Morales Sánchez, que ha sido crítico de la fracción parlamentaria y lo han querido expulsar.

Por lo que hace a Morales Sánchez, a través de sus redes sociales difundió a mediados de noviembre pasado que “siempre hemos denunciado la escandalosa corrupción en el Congreso de la CDMX, por el uso indebido de los recursos, hace sólo unos días, se habló de la imposibilidad de comprobar gastos realizados por Comunicación Social en el Congreso Local por un monto de un millón 185 mil pesos”.

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También hizo notar, el 16 de noviembre, en su cuenta de Twitter que “ahora nos enteramos que la señora coordinadora de Morena @MarthaSoledadv2, como parte de la pandilla, intentó obligar a firmar documentos a la recién nombrada directora de Comunicación Social, Jaqueline Rico, para justificar gastos no realizados”.

Otro mensaje de ese diputado morenista fue en el sentido de que “ante la negativa de tan digna y honesta servidora pública, ésta prefirió antes que prestarse a esas corruptelas, renunciar al cargo de Directora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México”. Además, el representante popular en repetidas ocasiones ha pedido una auditoría a fondo al Poder Legislativo local.

Efraín Morales Sánchez es el representante popular que ha denunciado que persisten en el Congreso vicios de la entonces Asamblea Legislativa, como acuerdos y decisiones en contra de lo que dispone la ley; opacidad en el manejo de recursos; trabajadores aviadores y recomendados; gastos suntuarios en remodelaciones de oficinas, entre otros, lo que no le ha gustado a la mayoría de los morenistas.

Es de recordar que, a petición de la bancada de Morena, la Jucopo aprobó por unanimidad, el nombramiento de Francisco Saldaña Liahut, como Tesorero del Congreso capitalino, en lugar de Armando López Fernández. De esa manera, quedó fuera en definitiva Maricela Martínez Miranda, a quien el 2 de octubre pasado, los propios diputados morenistas le quitaron el nombramiento, minutos antes de rendir protesta ante el pleno del Legislativo.

Por lo que hace a los recursos, mensualmente se destinan al Poder Legislativo local 37 millones 657 mil 153.77 pesos que se reparten entre las seis fracciones parlamentarias que son Morena, PAN, PRD, PRI, PT y PVEM, además de la asociación parlamentaria que la constituye Encuentro Social. Ello es independiente a los 65 mil pesos de dieta que recibe cada diputado y los 40 mil pesos para sus módulos de atención ciudadana.

Resulta ser el de la metrópoli uno de los congresos más costosos de México, a fin de mantener toda la estructura operativa, con puestos de confianza y de honorarios que son designados como pago de cuotas por los 66 legisladores, con un total de 34 representantes populares de Morena que cada mes cuentan con 15 millones 178 mil 940 pesos en el pago de salarios de asesores, secretarios técnicos, personal de los módulos, secretarias, mensajeros y personal operativo de las diversas áreas técnicas, jurídicas y administrativas.

Tan solo el vicecoordinador morenista, José Luis Rodríguez Díaz de León, con 29 trabajadores, reporta una nómina de 693 mil 950.01 pesos, mientras que Ávila Ventura, con 39 empleados tiene asignados 663 mil 743 mil.71 pesos. Por su parte, los once diputados panistas cuentan con 203 trabajadores y para ello, se les reparten dos millones 255 mil 328.84 pesos. Un total de 121 empleados tiene el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Mauricio Tabe Echartea, por los que eroga 400 mil pesos.

Mientras, al panista Héctor Barrera Marmolejo, con 16 trabajadores y a su correligionario Pablo Montes de Oca, con 12, les entregan respectivamente 167 mil 612.76 pesos, misma cantidad que se les da al resto de los del PAN, sin contar a Christian von Roehrich de la Isla que, con cinco trabajadores, recibe 81 mil 983.60 pesos.

Foto especial

Por lo que hace a la fracción de la Revolución Democrática, de los cuatro diputados, el que maneja más personal es Jorge Gaviño Ambriz con 46, para los que se reparten 875 mil 307.59 pesos. En tanto, para Víctor Hugo Lobo Román, con 40 empleados, se destinan 739 mil 521.31 pesos. A su vez, las perredistas Gabriela Quiroga Anguiano y Paula Castillo Mendieta, emplean a siete y 10 personas, reportan 207 mil 747.43 y 181 mil 642.54 pesos, respectivamente.

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