Los habitantes del Estado de México serán sujetos a arrestos, sanciones económicas o trabajos comunitarios si violan disposiciones de la nueva Ley de Justicia Cívica, ordenamiento legal recientemente aprobado en el Congreso estatal.
Este marco jurídico establece las reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto de las personas y sus bienes, mejorar la convivencia social y mantener el orden público, además de impulsar en los municipios los mecanismos alternativos de solución de controversias.
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Con esta ley se promueve el acceso a la justicia a través del conjunto de procedimientos orientados a fomentar la cultura cívica y de la legalidad para dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos cotidianos.
Asimismo, facilita la convivencia en la comunidad y evita que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, además de regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses.
La ley señala que para promover la convivencia armónica de las personas y la preservación del orden público son valores fundamentales la corresponsabilidad entre habitantes y autoridades para conservar el medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios de concurrencia colectiva, los servicios, la salud y la seguridad pública.
Considera responsabilidades para las personas adolescentes, las personas mayores de 18 años, así como las personas jurídicas colectivas que hubiesen realizado u ordenado la realización de conductas que se consideren infracciones administrativas dentro del territorio estatal.
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También cuando se cometa en inmuebles públicos o privados de acceso público como mercados, templos, cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo; inmuebles públicos destinados a la prestación de servicios públicos; inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte; inmuebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la vía o en espacios de concurrencia colectiva o en los cuales se ocasionen molestias a las personas; y lugares de uso común, como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio.
Explica que para una efectiva impartición y administración de justicia cívica operarán los juzgados cívicos, cuyo personal deberá estar y ser permanentemente capacitado y certificado, y que los ofendidos tienen derecho a acceder a la Justicia Cívica pronta e imparcial, ser tratados con respeto e igualdad; a que sus quejas sean atendidas; ser escuchadas por la persona juzgadora; recusar con justa causa a las personas responsables del juzgado, secretaría o facilitador que le haya sido asignado, además de ser informados al momento si la queja impuesta no constituye una falta administrativa, entre otros.
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