Avanza el combatir la discriminación de trabajadoras domésticas, ante el aval que en el Congreso capitalino se le dio a la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar el párrafo cuarto del artículo 331 ter de la Ley Federal del Trabajo.
Lo anterior va dirigido a garantizar que las personas trabajadoras domésticas laboren sin ser víctimas de discriminación mediante la imposición de ropa de trabajo, con la aclaración de que la utilización de uniformes debe ser bajo el consentimiento de quienes reciben un pago por trabajar en los hogares, en tanto que el gasto de las prendas tiene que ser cubierto por los empleadores.
Una vez aprobado el dictamen por parte de los diputados locales, éste fue dirigido al Congreso de la Unión para su análisis, con el objetivo de consolidar la discriminación de las personas trabajadoras domésticas.
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Dentro de ese contexto, al fundamentar el dictamen, la congresista de Morena Alicia Medina Hernández, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Poder Legislativo local, mencionó que con esta reforma se especifica que si el empleador requiere que la persona trabajadora del hogar utilice uniforme o cierta vestimenta para laborar, deberá tomar en cuenta su consentimiento, así como cubrir los costos asociados a las prendas.
Expuso que, a partir de esta herramienta legislativa, se promueve la igualdad de oportunidades y el trato digno de este sector, que ha enfrentado condiciones precarias y de discriminación por años.
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A su vez, la diputada promovente Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, sostuvo que, a pesar de la importancia de la labor realizada por este gremio, persiste el trato injusto y el escaso reconocimiento a sus derechos.
“Esta contribución pretende garantizar que estas personas tengan voz en la elección de su vestimenta de trabajo, pues ésta debe ser personal y no impuesta. La ropa es una expresión de nuestra identidad y no debe ser dictada por nadie más”, declaró la legisladora.
Se pronunció en contra de la imposición de la vestimenta de las personas empleadas en el hogar y que es válido se les uniforme, siempre y cuando con el consentimiento de quienes prestan sus servicios.
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