/ miércoles 30 de noviembre de 2022

Solicita consejera de Evalúa incremento presupuestal de 36%

Araceli Damián González, aclaró que especialistas no cubren todos los campos que se tienen que abarcar

La consejera presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa), Araceli Damián González, solicitó al Congreso capitalino un incremento de 36 por ciento del presupuesto asignado, para atender lo establecido en la Constitución local.

Requirió una ampliación presupuestal para el ejercicio 2023 que ascienda a 28 millones 40 mil pesos, porque en el presente ejercicio, se recibieron 20 millones 544 mil pesos.

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En mesa de trabajo de manera virtual con los integrantes de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo local que preside la morenista Valentina Valia Batres Guadarrama, expuso que los recursos extra se utilizarán para ampliar la plantilla del personal que deberá ser de perfil académico, que tenga conocimientos en las diferentes áreas de evaluación.

Aclaró que los especialistas con los que se cuenta al momento, no cubren todos los campos que se tienen que abarcar, además que se necesita realizar entrevistas a grupos focales, encuestas y diversas actividades paralelas, para observar cómo se llevan a cabo las políticas social, medio ambiental, de sostenibilidad y de seguridad ciudadana.

Sostuvo que las proyecciones presupuestales para el ejercicio 2023, están basadas en análisis austero de las necesidades mínimas para cumplir con atribuciones y responsabilidades de Evalúa.

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Araceli Damián expuso que al realizar un balance sobre los recursos obtenidos, en 2021 se recibió un mayor presupuesto y en 2022 fue más bajo en términos reales, por lo que al momento se cuenta únicamente con un remanente de 19 mil pesos.

Informó que se aplicaron medidas de austeridad en el gasto operativo del Evalúa en los conceptos de uso de combustible, fotocopiado, electricidad, telefonía y papelería, sin descuidar el espíritu de trabajo del organismo a su cargo.

Aludió que, sin embargo, al entrar al segundo año como órgano autónomo, en el 2023 tendrán que cumplir lo establecido en el noveno transitorio de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, y en la Constitución local, por lo que sus líneas de acción prioritarias se enfocarán en evaluar políticas, programas, estrategias, proyectos de inversión y acciones del gobierno capitalino.

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La legisladora María de Lourdes González Hernández del PRI, expuso la relevancia de este organismo autónomo para medir los resultados de las acciones de gobierno y las políticas públicas en la mejora de la vida de la población, y señaló su preocupación por los escasos recursos económicos asignados, lo que originó que sólo se pudieran evaluar dos áreas de cinco consideradas. Asimismo, señaló que el pequeño aumento solicitado para 2023 sería insuficiente y sugirió su fortalecimiento.

El diputado panista José Gonzalo Espina Miranda comentó que es preocupante la desigualdad que existe entre las alcaldías y que el Evalúa debe contar con las herramientas para realizar sus actividades efectivamente; asimismo, preguntó si la autonomía de recursos puede impedir un impacto positivo de las políticas públicas.

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La consejera presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa), Araceli Damián González, solicitó al Congreso capitalino un incremento de 36 por ciento del presupuesto asignado, para atender lo establecido en la Constitución local.

Requirió una ampliación presupuestal para el ejercicio 2023 que ascienda a 28 millones 40 mil pesos, porque en el presente ejercicio, se recibieron 20 millones 544 mil pesos.

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En mesa de trabajo de manera virtual con los integrantes de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo local que preside la morenista Valentina Valia Batres Guadarrama, expuso que los recursos extra se utilizarán para ampliar la plantilla del personal que deberá ser de perfil académico, que tenga conocimientos en las diferentes áreas de evaluación.

Aclaró que los especialistas con los que se cuenta al momento, no cubren todos los campos que se tienen que abarcar, además que se necesita realizar entrevistas a grupos focales, encuestas y diversas actividades paralelas, para observar cómo se llevan a cabo las políticas social, medio ambiental, de sostenibilidad y de seguridad ciudadana.

Sostuvo que las proyecciones presupuestales para el ejercicio 2023, están basadas en análisis austero de las necesidades mínimas para cumplir con atribuciones y responsabilidades de Evalúa.

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Araceli Damián expuso que al realizar un balance sobre los recursos obtenidos, en 2021 se recibió un mayor presupuesto y en 2022 fue más bajo en términos reales, por lo que al momento se cuenta únicamente con un remanente de 19 mil pesos.

Informó que se aplicaron medidas de austeridad en el gasto operativo del Evalúa en los conceptos de uso de combustible, fotocopiado, electricidad, telefonía y papelería, sin descuidar el espíritu de trabajo del organismo a su cargo.

Aludió que, sin embargo, al entrar al segundo año como órgano autónomo, en el 2023 tendrán que cumplir lo establecido en el noveno transitorio de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, y en la Constitución local, por lo que sus líneas de acción prioritarias se enfocarán en evaluar políticas, programas, estrategias, proyectos de inversión y acciones del gobierno capitalino.

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La legisladora María de Lourdes González Hernández del PRI, expuso la relevancia de este organismo autónomo para medir los resultados de las acciones de gobierno y las políticas públicas en la mejora de la vida de la población, y señaló su preocupación por los escasos recursos económicos asignados, lo que originó que sólo se pudieran evaluar dos áreas de cinco consideradas. Asimismo, señaló que el pequeño aumento solicitado para 2023 sería insuficiente y sugirió su fortalecimiento.

El diputado panista José Gonzalo Espina Miranda comentó que es preocupante la desigualdad que existe entre las alcaldías y que el Evalúa debe contar con las herramientas para realizar sus actividades efectivamente; asimismo, preguntó si la autonomía de recursos puede impedir un impacto positivo de las políticas públicas.

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