Las personas legisladoras que conforman las nueve fracciones y asociaciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, decidieron solicitar a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) del gobierno capitalino, un informe de los impactos inmediatos en las familias que recibían apoyos directos del programa PROSPERA, como consecuencia de la eliminación del mismo, cuando el diez por ciento de los hogares de la metrópoli tenían el beneficio.
Dentro de ese contexto, la vicecoordinadora de la bancada del PRI en el recinto de Donceles y Allende, Mónica Fernández César, al presentar su punto de acuerdo, refirió que el programa consistía en acciones institucionales que se implementaron a finales de los años noventa y que se fortalecieron posteriormente, hasta su desaparición en 2019.
Resulta que, en un segundo resolutivo, los congresistas aprobaron exhortar a la misma dependencia a informar de las medidas que haya adoptado, en el ámbito de su competencia, para subsanar el impacto y consecuencias en las familias, derivado de la desaparición de dicho mecanismo social.
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Fernández César dio cuenta que en 2015, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante el componente alimentario de PROSPERA, se benefició a seis millones 68 mil 900 familias, de las que casi el 10 por ciento eran capitalinas.
Mencionó que con el programa gubernamental la desnutrición crónica registró un descenso de 22.3 por ciento, particularmente en la población de las zonas rurales y que, a diferencia de las ayudas sociales actuales, el programa anterior no sólo aportaba económicamente al ingreso de los hogares de muchas familias, sino que impulsaba acciones contra la carencia alimentaria, la falta de atención a salud y educación.
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“Hoy no se habla del número de personas beneficiadas que pagaron las consecuencias por la tajante desaparición de un programa como éste, ni tampoco se habla de los estragos que provocó en las familias mexicanas que venían de PROSPERA”, remató.
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