Siete de cada 10 delitos que se cometen en el Estado de México son perpetrados por presuntos criminales que se mueven en motocicletas y la entidad encabeza la cifra de robos contra transeúntes víctimas de los llamados “motoratones”, afirmaron diputados de la fracción del PRI en el Congreso del Estado de México.
Luego de presentar un proyecto de reforma para sancionar hasta con nueve años de cárcel a los “motoratones”, la diputada Myriam Cárdenas Rojas, a nombre de los integrantes de su bancada, manifestó que estos supuestos delincuentes representan un severo problema contra la tranquilidad y paz de la población.
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Castigo de 2 a 9 años de prisión
Indicó que esta manifestación de violencia afecta a la población en diversos municipios, por lo que pidió instaurar sanciones de dos a nueve años de prisión para aquellos que, en el delito de robo, utilicen motocicletas para desplazarse y huir con total impunidad.
Durante su exposición de motivos en la tribuna del recinto legislativo, Myriam Cárdenas Rojas, subrayó que los datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, advierten que el 70% de los delitos diversos en los municipios se cometen por personas que viajan en motocicletas.
Dijo que en la comisión de estos ilícitos sobresalen los robos a transeúntes, a comerciantes y a unidades del servicio de transporte público de pasajeros, así como de carga.
Denuncias por robo a transeúnte
Asimismo, agregó que de acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, el Estado de México lidera la lista de entidades con mayor número de denuncias por robo a transeúnte en el país, pues tan solo en el primer bimestre de 2022 se iniciaron 7 mil 193 carpetas de investigación por este delito en sus diferentes modalidades, lo que representó en promedio 122 casos por día.
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No confían en la justicia
Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 72% de los encuestados dijeron no haber denunciado por causas atribuibles a las autoridades, desde la desconfianza a elementos de seguridad pública y ministerios públicos, o por miedo a los agresores.
La legisladora subrayó que su iniciativa, que analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, no pretende criminalizar o estigmatizar el uso de motocicletas o a los usuarios, sino que se busca dotar de herramientas al órgano jurisdiccional para que al momento de que el juzgador estime las características y circunstancias del robo, se tengan elementos probatorios suficientes para determinar que el uso de motocicletas fue un instrumento del delito.
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