La desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que representa 15 mil 280 millones de pesos, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, ha generado la inconformidad de más de 55 mil trabajadores, quienes se dicen afectados de manera directa ante esta decisión.
Los empleados no se resisten a haber perdido la batalla y amagan con un paro nacional de actividades, ya que para ellos no representan solo números, sino la defensa de la “independencia judicial”, como lo denominó Mariana Hernández, trabajadora del (PJF), quien asegura que esta situación va más allá de la desaparición de dichos fideicomisos.
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Han pasado más de 17 años de que Mariana entró a laborar para el Pode Judicial, y se ha desempeñado en diversas áreas, lo que le permite comprender las actividades y necesidades de cada puesto y comprometerse con cada expediente que llega y requiere resolución.
Para Hernández es necesario hacer un llamado a la ciudadanía, que sepan que “los fideicomisos o los dineros del Poder Judicial pueden ser auditables, y que lo único que estamos pidiendo es que realmente nos vean como trabajadores con familia, con hijos y que cada día hacemos nuestro trabajo comprometido”.
Sabe que su trayectoria no está alejada de la de otros compañeros quienes, como ella, también han transitado por otros cargos como: oficial administrativo, actuaria, secretaria de proyecto de juzgado, de tribunal, coordinadora técnica en el consejo, secretaria particular, “he recorrido muchos lugares y buscado mis propias oportunidades, no soy recomendado de nadie”.
Mariana, como varios de sus compañeros, consideran que está propuesta del presidente “en realidad lo que quiere es acabar con la división de poderes, ese es el verdadero trasfondo y dentro de las manifestaciones que nosotros estamos haciendo, es porque los fideicomisos o el dinero que ahorramos es nuestro”.
El temor de varios de los empleados es que, tras la desaparición de estos fideicomisos, también se diluyan los ahorros que han hecho cada uno de los trabajadores, de manera quincenal, algunos de ellos por varios años, como ella, que desde hace 17 años ha abonado para tener esa reserva económica.
La compensación por el exceso de horas laboradas, también estaría peligrando, según cuenta Mariana a LA PRENSA, lo que va en contra de su economía familiar, ya que en su caso el sueldo base es de 10 mil pesos mensuales.
Y a pesar de que la preocupación sigue siendo dicha extinción, lo que realmente alarma a los trabajadores es el fondo que ellos perciben tensa la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, dicen que desde que inició la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de dicha resolución por parte del Congreso, saben que no se resignarán y continuarán saliendo a las calles y haciendo paro de labores, hasta ser “verdaderamente escuchados”.
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