Aquellos legisladores que voten en contra del proceso de ratificación de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy deberán pagar un costo muy elevado, aseguró el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.
El funcionario mencionó que los legisladores tendrán que responder por el sentido de su voto pues todos ejercieron su sufragio cuando la fiscal fue nombrada.
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“Cuál es la razón ahora, pues la razón son las investigaciones que se hicieron sobre la corrupción inmobiliaria, entonces votar en contra de la ratificación de la fiscal, en otras palabras está diciendo el PAN que no se investigue la corrupción, casi, casi lo que dicen es que para ellos, la corrupción es su derecho y si cometen actos de corrupción no se deben de investigar”.
Y comentó que el número de pisos extra que no debieron de haberse autorizado en la alcaldía Benito Juárez son alrededor de 250 y si se apilaran esos pisos cada piso da una altura mayor que la torre de Dubai o Mítikah.
El mandatario lo consideró como una gran equivocación de la oposición pues en lugar de que salgan y digan que quien cometió un hecho indebido sea juzgado, salgan a defender pues lo convierten en su causa a quien comete la corrupción.
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“Cada legislador es responsable de su decisión, independiente de lo que suceda, los procesos contra los ex funcionarios de Benito Juárez siguen, la justicia tiene sus propios tiempos y procesos”.
Batres Guadarrama mencionó que el Gobierno planteó la ratificación de la fiscal por lo que el Jefe de Gobierno cumplió con su responsabilidad y ahora le toca a los legisladores, ellos son los que tienen la decisión y quienes se opongan van a cargar con un costo muy grande.
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“Son de éstos casos en que este tipo de votos representan una marca en el tiempo es por ejemplo como lo del Fobaproa que cargan con una responsabilidad, son de esos votos negativos que constituyen una carga, no son votos de los que se pueda presumir”.
El mandatario mencionó que el único plan es que siga la justicia porque antes de que llegara Ernestina Godoy al frente de la fiscalía, la ejecución de las órdenes de aprehensión eran en promedio de 500 días y ahora se le llevan a cabo en 45 días, es decir, 10 veces menos.
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