Ante la exigencia de la ciudadanía de una justicia pronta y expedita, en el Congreso de la Ciudad de México los diputados hicieron el compromiso de analizar el dejar establecido en la ley que en no más de seis meses el Ministerio Público determine culpabilidad o inocencia de una persona.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del órgano deliberativo, Nazario Norberto Sánchez, en entrevista explicó que lo que se pretende con la iniciativa a presentar, es corregir el consentimiento del Poder Judicial de que la carpeta de investigación se quede eternamente en los ministerios públicos y con ello, evitar se fabriquen culpables o haya una indagación a modo.
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Al fundamentar la propuesta, el también vicepresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, refirió que se trata de evitar dilaciones en los procesos iniciales de una investigación ante Ministerio Público.
El integrante de la bancada de Morena en el Poder Legislativo se comprometió presentar en breve una iniciativa de reforma para evitar demoras en el proceso.
“Se está preparando una iniciativa para homologar los tiempos de la investigación inicial con la investigación complementaria, esto quiere decir, que las carpetas de investigación no se encuentren ‘eternamente’ con los agentes del Ministerio Público”, explicó.
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El diputado morenista señaló que en algunos casos el Ministerio Público se tarda demasiado, por detalles que bien pueden resolverse pronto o en un tiempo preciso, para que determine, dentro de una carpeta de investigación, el ejercicio o no de la acción penal.
Dijo que para que la Fiscalía General de Justicia capitalina determine esa situación, debe trabajar para resolver la investigación en un plazo no mayor de seis meses como máximo.
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Abundó que ello, bajo el principio de justicia expedita e inmediata y bajo los principios de la debida diligencia, lealtad y buena fe en los que debe regirse el Ministerio Público.
Nazario Norberto refirió que, con esta certidumbre legal en las investigaciones, sin duda se fortalecerá la confianza ciudadana en la denuncia, con la seguridad de que los ministerios públicos hacen su trabajo con apego a la ley y no como antes, que buscaban guardar las carpetas para más tarde fabricar culpables o indagaciones a modo.
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