/ sábado 25 de marzo de 2023

Proponen penas de hasta 10 años de prisión a quien cometa ecocidio

Elizabeth Mateos pide castigar las conductas perpetradas de manera dolosa, en beneficio de intereses económicos que ponen en riesgo la vida de millones de personas

El incorporar el ecocidio en el Código Penal local, con prisión de tres a diez años, para brindar una tutela más amplia y enérgica en contra de aquellas personas que delinquen y causan daños a los hábitats, promueve la coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas del Congreso de la Ciudad de México, Elizabeth Mateos Hernández.

Reconoció que urge castigar las conductas perpetradas de manera dolosa, en beneficio de intereses económicos que ponen en riesgo la vida de millones de personas.

La congresista, al respecto, fundamentó que el cambio ambiental afecta al mundo y ocurre a una mayor velocidad de lo pensado y sin embargo, en la capital del país indiscriminadamente se continúa con la tala ilegal de árboles, disposición inadecuada de residuos sólidos en suelos de conservación, extracción de suelo o cubierta vegetal, cambio de uso de suelo por desarrolladores inmobiliarios e invasión u ocupación de zonas naturales protegidas.

Ante ello, dijo que resulta fundamental castigar a quienes hacen daño al medio ambiente con esas prácticas.

La legisladora en torno al tema, presentó una iniciativa legislativa para tipificar el delito de ecocidio ello, ante la destrucción de dos o más árboles en suelo de conservación y suelo urbano, pérdidas y afectaciones a ecosistemas donde el impacto sea de al menos cuatro meses o en los que habiten especies endémicas y en peligro de extinción.

Mateos Hernández estableció que por ese delito tienen que aplicarse penas entre tres a diez años de prisión y una multa de quinientas a cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir de 51 mil 870 pesos a 5 millones 187 mil pesos.

Resulta que la pena podría aumentar en un tercio, cuando la conducta se cometa en suelo de conservación, áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental declaradas por la autoridad competente.

Expuso que para lograr lo anterior, será necesario adicionar el artículo 346 bis al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de ecocidio.

Es urgente, afirmó, actuar para revertir el daño ocasionado y si no se toman medidas drásticas, no habrá un futuro para nuestros niños, niñas y jóvenes que hoy su presente es un caos ambiental.

Ningún rincón del mundo está a salvo de tan devastadoras consecuencias de la degradación ambiental y no podemos seguir así, ha llegado el momento de emprender acciones colectivas audaces para contrarrestar esta crisis si queremos que haya un futuro prometedor para los habitantes de este planeta, subrayó la también integrante de la Junta de Coordinación Política.

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Actualmente, Francia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Rusia y Vietnam son países que han incorporado la figura del ecocidio o una equivalente en sus ordenamientos penales, mientras que existen propuestas similares en España, Bélgica e incluso Argentina y en México sólo dos estados (Jalisco y Chiapas) han regulado el ecocidio, recordó.

De ahí la importancia y necesidad de que en la Ciudad de México el ecocidio se incorpore en el Código Penal para el Distrito Federal como una conducta delictiva para responder a la obligación de brindar una tutela más amplia y enérgica en contra de aquellas personas que delinquen, causando daños a los hábitats, la sucesiva pérdida de biodiversidad, la alteración del ecosistema, de los ciclos del agua, la erosión del suelo y la desertificación, en perjuicio de todas las personas, destacó la legisladora.

Explicó que actualmente en el Código Penal local no se contemplan los daños irreversibles ocasionados al medio ambiente como uno de los delitos a perseguirse, no tipifica el ecocidio como un delito; en materia ambiental únicamente tipifica delitos comunes básicos.

La tipificación del delito de ecocidio requiere de la voluntad de toda la sociedad para castigar aquellas conductas perpetradas de manera dolosa y que solo buscan obtener beneficios económicos y ponen en riesgo la vida de millones de personas, no debemos permitir que continúe, concluyó Elizabeth Mateos.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem


El incorporar el ecocidio en el Código Penal local, con prisión de tres a diez años, para brindar una tutela más amplia y enérgica en contra de aquellas personas que delinquen y causan daños a los hábitats, promueve la coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas del Congreso de la Ciudad de México, Elizabeth Mateos Hernández.

Reconoció que urge castigar las conductas perpetradas de manera dolosa, en beneficio de intereses económicos que ponen en riesgo la vida de millones de personas.

La congresista, al respecto, fundamentó que el cambio ambiental afecta al mundo y ocurre a una mayor velocidad de lo pensado y sin embargo, en la capital del país indiscriminadamente se continúa con la tala ilegal de árboles, disposición inadecuada de residuos sólidos en suelos de conservación, extracción de suelo o cubierta vegetal, cambio de uso de suelo por desarrolladores inmobiliarios e invasión u ocupación de zonas naturales protegidas.

Ante ello, dijo que resulta fundamental castigar a quienes hacen daño al medio ambiente con esas prácticas.

La legisladora en torno al tema, presentó una iniciativa legislativa para tipificar el delito de ecocidio ello, ante la destrucción de dos o más árboles en suelo de conservación y suelo urbano, pérdidas y afectaciones a ecosistemas donde el impacto sea de al menos cuatro meses o en los que habiten especies endémicas y en peligro de extinción.

Mateos Hernández estableció que por ese delito tienen que aplicarse penas entre tres a diez años de prisión y una multa de quinientas a cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir de 51 mil 870 pesos a 5 millones 187 mil pesos.

Resulta que la pena podría aumentar en un tercio, cuando la conducta se cometa en suelo de conservación, áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental declaradas por la autoridad competente.

Expuso que para lograr lo anterior, será necesario adicionar el artículo 346 bis al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de ecocidio.

Es urgente, afirmó, actuar para revertir el daño ocasionado y si no se toman medidas drásticas, no habrá un futuro para nuestros niños, niñas y jóvenes que hoy su presente es un caos ambiental.

Ningún rincón del mundo está a salvo de tan devastadoras consecuencias de la degradación ambiental y no podemos seguir así, ha llegado el momento de emprender acciones colectivas audaces para contrarrestar esta crisis si queremos que haya un futuro prometedor para los habitantes de este planeta, subrayó la también integrante de la Junta de Coordinación Política.

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Actualmente, Francia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Rusia y Vietnam son países que han incorporado la figura del ecocidio o una equivalente en sus ordenamientos penales, mientras que existen propuestas similares en España, Bélgica e incluso Argentina y en México sólo dos estados (Jalisco y Chiapas) han regulado el ecocidio, recordó.

De ahí la importancia y necesidad de que en la Ciudad de México el ecocidio se incorpore en el Código Penal para el Distrito Federal como una conducta delictiva para responder a la obligación de brindar una tutela más amplia y enérgica en contra de aquellas personas que delinquen, causando daños a los hábitats, la sucesiva pérdida de biodiversidad, la alteración del ecosistema, de los ciclos del agua, la erosión del suelo y la desertificación, en perjuicio de todas las personas, destacó la legisladora.

Explicó que actualmente en el Código Penal local no se contemplan los daños irreversibles ocasionados al medio ambiente como uno de los delitos a perseguirse, no tipifica el ecocidio como un delito; en materia ambiental únicamente tipifica delitos comunes básicos.

La tipificación del delito de ecocidio requiere de la voluntad de toda la sociedad para castigar aquellas conductas perpetradas de manera dolosa y que solo buscan obtener beneficios económicos y ponen en riesgo la vida de millones de personas, no debemos permitir que continúe, concluyó Elizabeth Mateos.

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