El que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) capitalina coordine las acciones para que las personas con discapacidad y quienes las cuidan, reciban apoyos en materia de salud física y mental, educación y nutrición, con el objetivo de que mejoren su calidad de vida, es promovido por la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México.
Al respecto, la vicecoordinadora de la diputación local priísta, Mónica Fernández César, explicó que la iniciativa que presentó con el apoyo de su bancada, va dirigido a reformas a La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública.
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La representante popular del revolucionario institucional, en torno a la propuesta se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local del recinto de Donceles y Allende, delineó que se trata de que las personas con discapacidad cuenten con los cuidados necesarios para que su calidad de vida sea óptima mediante la implementación de un programa integral que los dote con cuidados físicos, mentales, alimenticios, terapéuticos, médicos, así como garantizarles el de derecho a la educación de calidad, adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad.
Fernández César expuso que el objetivo es propiciar que las personas cuidadoras, que en mayor porcentaje son mujeres, puedan, por ejemplo, seguir con sus estudios o insertarse en la vida laboral, logrando con ello, la realización personal.
En su exposición, la representante popular citó que, de acuerdo con los datos del Censo 2020, en la Ciudad de México habitan un millón 703 mil 827 personas con discapacidad, 18.5 por ciento de la población total en la capital. De este universo, 44.38 por ciento son hombres y 55.61 son mujeres.
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Alcaldías Con índices más altos
La congresista del tricolor aseveró que las alcaldías donde se encuentran los índices más elevados de las personas con discapacidad son Iztacalco, Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Venustiano Carranza.
Asimismo, la dependencia deberá formalizar convenios y otros instrumentos en materia de salud física y mental, así como educación y nutrición enfocados con empresas públicas y privadas para que las personas con discapacidad y sus personas cuidadoras mejoren su calidad de vida y su entorno.
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