Establecer la obligación de garantizar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro un aumento presupuestal anual por encima de la inflación, impulsa la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, para lo cual se requieren cambios a la Ley de Movilidad local.
Fue el diputado panista Aníbal Cañez Morales, quien destacó que Acción Nacional en el recinto de Donceles y Allende, además está a favor de crear el Instituto de Evaluación de Riesgos e Inspección del Mantenimiento del Metro, que sería un ente público encargado de supervisar y evaluar riesgos, así como señalar las actividades necesarias para su prevención y mantenimiento integral.
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Aclaró en entrevista que la iniciativa no pretende restar las facultades del Organismo Regulador del Transporte, sino sumar un brazo técnico especializado en la prevención de riesgos y necesidad de mantenimiento del STC Metro, adicionales y paralelas a las funciones que realiza el organismo existente.
Precisó que lo anterior, debido a que en ese medio de transporte existe una Subdirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura, que a su vez depende de la Dirección Ejecutiva de los Centros de Transferencia Modal, perteneciente a la Dirección General del Organismo Regulador de Transporte.
“Vamos a asegurar un porcentaje mínimo destinado a la modernización y conservación de infraestructura; mejoras en los sistemas y tecnologías; mantenimiento de instalaciones fijas; incremento de la plantilla del personal de vigilancia; modernización de equipos de videovigilancia, entre otros. Ayudará a prevenir en el futuro accidentes como el acontecido en mayo de 2021, en donde se desplomó un tramo elevado de la Línea 12, así como lo acontecido en las demás líneas desde octubre de 2018 hasta lo que va del 2022”, detalló.
Crear organismo evaluador
Cañez Morales refirió que los legisladores panistas van por asegurar por ley incrementos presupuestales anuales para el STC Metro, por lo que se propone crear un organismo con facultades y competencias suficientes para que, permanentemente se evalué y atiendan las fallas técnicas, imperfecciones, se de mantenimiento preventivo y correctivo, ingeniería y prevención de riesgos por el desgaste natural del tiempo, daños estructurales o derivados de episodios dañinos para infraestructura, como son los sismos.
Detalló que entre lo propuesto está que el director general de ese medio de transportación y el titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) del gobierno capitalino en turno, comparezcan ante el Congreso de la Ciudad de México y presenten un dictamen de evaluación de riesgos y necesidades preventivas de mantenimiento del Metro, elaborado por el propio Organismo Regulador de Transporte, además de otro de evaluación de riesgos y necesidades preventivas de mantenimiento del STC elaborado por una empresa experta independiente.
Abundó que al tomar en consideración ambos dictámenes, se presentará en dicha comparecencia una guía técnica de mantenimiento que contendrá las acciones concretas para salvaguardar el mantenimiento y seguridad del Metro, previamente aprobada por la mayoría de los integrantes del órgano regulador y se explicará su contenido y alcances.
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Aumento en el presupuesto
Mientras, las autoridades encargadas del Presupuesto de Egresos, asignarán de manera progresiva y anual al Sistema de Transporte Colectivo Metro un presupuesto mayor al del año inmediato anterior que contemple, al menos, el aumento en la inflación.
“Al lograr que el aumento anual del presupuesto del Metro no pueda ser menor al aumento de la inflación, se garantizaría al mismo tiempo la asignación de recursos para mantenimiento y prevención de riesgos a un órgano de nueva creación, se busca el cuidado de la seguridad de los y las ciudadanas en la Ciudad de México”, delineó.
Precisó que esa sería una verdadera política en favor de la mayor parte de la población en la Ciudad de México, así como de los que más necesitan mejoras en infraestructura, pero sobre todo mejoras en su calidad de vida y seguridad diaria.
Señaló que la iniciativa de reforma, se presenta bajo una perspectiva transversal en el cuidado de los derechos fundamentales, considerando los objetivos y compromisos internacionales asumidos por México previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en cuanto a crear instituciones gubernamentales fuertes y ciudades sostenibles.
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