De manera unánime los integrantes del Congreso de la Ciudad de México aprobaron en la sesión ordinaria del miércoles la inelegibilidad de violentadores a cargos de elección popular, con diputadas de las ocho fracciones y asociaciones parlamentarias que se pronunciaron a favor de la reforma que homologa el marco legal con el federal.
El pleno del recinto de Donceles y Allende, con 50 votos a favor, avaló la reforma al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de inelegibilidad de violentadores y deudores alimentarios.
También te puede interesar: Dan al Metro 43 mil herramientas para llevar a cabo la revisión de trenes
Mientras que las reservas a los artículos 18, primero y segundo transitorio y al resolutivo único, propuestas por la diputada de Morena, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, pasaron también de manera unánime con 46 votos.
Resulta que en la última sesión del periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la actual II Legislatura, como un avance en la protección de los derechos de las mujeres, las personas congresistas dieron luz verde a homologar el marco legal local con el federal.
Como integrante del Constituyente permanente, el Congreso hizo cambios a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suspender los derechos ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión de delitos como violencia política contra mujeres, violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica o violación a la intimidad sexual.
La diputada de Morena Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Poder Legislativo local, detalló que con la reforma se incrementan los requisitos para ocupar un cargo de elección popular, al estipular como características de inelegibilidad el haber sido sentenciado por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género; haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género u orientación sexual; o estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o en el Registro de Personas Agresoras Sexuales.
Lo anterior tiene como consecuencia que las personas que hayan cometido alguno de estos delitos no puedan ser registradas a alguna candidatura o acceder a cargos dentro de la administración pública local”, delineó la morenista.
Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada de Morena
La reforma propuesta por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio de la bancada de Morena, busca “inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres”.
No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado
El documento aprobado indica que el objetivo es evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, por lo que los partidos políticos deberán exigir a las personas interesadas en acceder a una candidatura que no hayan incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar.
Al razonar su voto, las diputadas Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), Xóchitl Bravo Espinosa (asociación parlamentaria Mujeres Demócratas), Luisa Adriana Gutiérrez Ureña (PAN), Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), Miriam Valeria Cruz Flores (Morena), Tania Nanette Larios Pérez (PRI) y Martha Soledad Ávila Ventura, así como el legislador morenista Alberto Martínez Urincho, se manifestaron a favor y pidieron avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, en particular con la Ley 3 de 3 contra la violencia.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem
