Titular del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), magistrado presidente interino Armando Ambriz Hernández, calificó de insuficientes los recursos que se pretenden asignar para el próximo año al organismo.
En reunión con representantes populares que se llevó a cabo en la modalidad a distancia, consideró que si no se acepta un incremento de al menos el 13 por ciento al presupuesto, se complicaría la implementación del sistema de justicia electrónica.
Durante la mesa de trabajo que tuvo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México que preside la morenista Valentina Valia Batres Guadarrama, el magistrado dio cuenta que por el déficit presupuestal no se ha podido dar aumento salarial ni compensaciones a los trabajadores por un periodo de cuatro años, al tiempo que se congelaron las plazas de las magistraturas vacantes para poder salir avante con la operatividad.
“Si tuviéramos como tribunal el dinero suficiente, pagaríamos las liquidaciones a todo el personal, porque es un derecho laboral que tenemos todos. El problema es que no podemos pagar”, y aunque en algunos casos se han logrado acuerdos, en la mayoría no se ha podido indemnizar conforme a la ley, declaró.
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Ambriz Hernández, solicitó para el ejercicio presupuestal 2024 un monto que asciende a 529 millones 727 mil 800 pesos, lo que representa un incremento real del 13 por ciento equivalente a 72 millones 173 mil 832 pesos respecto del presupuesto autorizado para 2018.
Insistió que se requiere el aumento para cubrir las necesidades de la dependencia como resultado del proceso electoral 2023-2024, donde se elegirá a la persona titular de la jefatura de gobierno, las 66 diputaciones locales, las 16 alcaldías y 204 concejalías, además que se prevé un incremento en el número de impugnaciones.
Se les ha dado un presupuesto menor
En su exposición inicial señaló que desde hace seis años han recibido un presupuesto 30 por ciento menor a lo solicitado, por lo que se ha tenido que trabajar con déficit presupuestal mediante la implementación de medidas para mitigar sus efectos, pero “no ha sido posible hacerlo de manera total”.
Por otra parte, al atender las preguntas que le hicieron legisladores, expuso que al 31 de octubre de 2023 han recibido ministraciones por 203 mil 118 millones de pesos; además, cuentan con 1.13 millones de pesos por otros ingresos y beneficios; se han ejercido 192 millones de pesos y se tiene comprometido 11.5 millones de pesos en servicios por devengar.
Detalló que se requiere contratación de nuevo personal, debido a que con los comicios en puerta aumenta el número de asuntos que se tienen que atender y por ello, están consideradas 56 plazas eventuales, de las cuales 49 serían para las necesidades del proceso local en apoyo a las ponencias, secretaría general y unidades especializadas y las siete plazas restantes para cubrir diversas necesidades.
Aclaró que de no autorizarse el presupuesto solicitado se complicaría la implementación del sistema de justicia electrónica, cumplir el pasivo laboral que asciende a 32 millones de pesos, la sustitución total del equipo tecnológico, que ya es obsoleto y es vital, ni se podría ocupar en su totalidad la estructura orgánica de la institución, incluidas las magistraturas vacantes, ni sustituir las escaleras de emergencia.
Destacó que los colores utilizados por el pleno no tienen la intención de mandar ningún mensaje político, y que su uso no tuvo ningún costo adicional.
Confirmó que el impacto más grande que se ha tenido por el déficit presupuestal es haber dejado de pagar el pasivo laboral, que asciende a 32 millones 460 mil 490 pesos y no haber implementado el sistema de justicia digital.
Valentina Batres, en su mensaje de bienvenida, refirió que la mesa de trabajo permitirá a la ciudadanía conocer cómo se han derogado los recursos económicos que provienen de sus contribuciones y cuáles son los programas y acciones planteadas para 2024.
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Requirió conocer cuántas sentencias relacionadas con la violencia política de género dictó el TECDMX de enero de 2023 a la fecha, a la vez que reiteró su apoyo para seguir brindando certeza y garantía al voto de las y los capitalinos.
El coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Jesús Sesma Suárez, expresó su preocupación por el pasivo laboral, porque hay varios juicios que entrarán en la etapa de ejecución y pago, y por ello, manifestó su interés por conocer a cuánto asciende el pasivo laboral actualmente y qué impacto tiene en el presupuesto asignado a este órgano.
Batres Guadarrama criticó el destino de diversos gastos realizados durante 2023, y puso énfasis en que para las elecciones de 2018 se ejercieron 345 millones de pesos y para 2024 solicitan 459 millones de pesos. Al respectó preguntó por qué el gasto es excesivo, si actualmente tienen 76 plazas de confianza vacantes y dos magistradas menos, lo que significa un ahorro en el gasto corriente.
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