El gobierno del Estado de México propuso que los cabildos (cuerpos colegiados de gobierno al interior de los ayuntamientos, con representación de las distintas fuerzas políticas) de los municipios de la entidad conformen comisiones para atender el problema de la desaparición de niñas, niños y adolescentes.
Tras entregar a la federación el programa de trabajo para el cumplimiento de las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres, decretada en siete municipios de la entidad, el gobierno mexiquense apuntó que dicho programa contempla medidas jurídicas, de fortalecimiento institucional, de construcción de datos y conocimiento, de capacitación y atención, asistencia y reparación a víctimas.
En materia jurídica, busca armonizar el marco jurídico relacionado con la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, para lo cual se proponen acciones como conformar una comisión legislativa y comisiones en los cabildos municipales que se encarguen de dicho proceso, presentar reformas en el Legislativo y actualizar los protocolos en caso de desaparición.
Para fortalecer las instituciones prevé emitir el Programa Estatal de Búsqueda, diseñar un modelo de selección, capacitación y evaluación continua del desempeño del personal que atiende a víctimas de desaparición, generar estrategias preventivas y fortalecer y consolidar la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía estatal.
Con el fin de mejorar los sistemas de información para conocer a fondo el fenómeno llevarán a cabo georreferenciaciones de los casos de desaparición y propone crear un mecanismo de acopio y resguardo de información de personas desaparecidas.
Para garantizar la capacitación de servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado de México, sus municipios, sus organismos autónomos y de los poderes del estado diseñarán modelos de evaluación continua y programas especializados de capacitación en materia jurídica.
En materia de atención, asistencia y reparación del daño, crearán protocolos sobre medidas especiales de protección y de atención integral a víctimas, y se elaborará un programa de reparación del daño.
Las medidas, que fueron elaboradas con la participación de colectivos y especialistas, comenzarán a implementarse de manera inmediata y deberán mostrar los primeros resultados medibles en un plazo máximo de un año.
En la atención a esta Alerta trabajan de manera coordinada las Secretarías de Seguridad, de Movilidad y de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Legislatura del Estado de México y el Poder Judicial.
Además, los Ayuntamientos considerados en la alerta, Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Valle de Chalco, así como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
JLP
