El director de construcción y operación hidráulica del organismo de agua potable de Naucalpan, Gregorio Ramos Ramírez, se enfrascó en una agria discusión con Jafet Sainz, dirigente de organizaciones de piperos que llevan el recurso natural a las comunidades que carecen de infraestructura hidráulica.
La crispación se originó por el pago que deben hacer los transportistas de agua como concesionarios del servicio. Se trata de un monto por permiso anual establecido por el gobierno del Estado de México.
A unos metros del palacio municipal, los piperos aseguraron que la administración municipal ha sido insensible ante la pandemia y la falta de recursos económicos en todos los sectores, dejando en aprietos a los trabajadores de las organizaciones que llevan agua a las comunidades de Naucalpan.
“Nosotros estamos dando un servicio que corresponde a ustedes, pero que por falta de infraestructura hidráulica no son capaces de dotar agua, afirmó Jafet Sainz frente a Gregorio Ramos Ramírez.
“Sí ustedes hacen obras para llevar el agua a las comunidades nosotros desaparecemos y se acabó el problema”, agregó, tras manifestar que el gobierno local obtiene apoyo de todos los piperos, al llevar el líquido a las familias naucalpenses.
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Los agremiados de Jafet Sainz acusaron al gobierno de la alcaldesa Patricia Durán Reveles, de exigirle el pago, en momentos, dijeron, que no hay dinero como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Los operadores de pipas están afiliadas a la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), quienes previo a la discusión con el director de construcción y operación hidráulica del organismo de agua potable de Naucalpan, realizan un plantón frente a las oficinas encargadas de suministrar el recurso natural.
La autoridad municipal les exige un pago de 3 mil 638 pesos a cada unidad por un permiso que les permita acceder a vales para poder cargar el vital líquido en los pozos.
De acuerdo con el Artículo 139 Bis del Código Financiero para el Estado de México, dicho pago deberá quedar cubierto antes del 15 de diciembre próximo, a fin de concluir en tiempo y forma el proceso de entrega-recepción por el cambio de gobierno.
Luego del agarrón verbal, los piperos y el gobierno local llegaron a un acuerdo para realizar dicho pago de manera diferida, no sin antes insistir en que el gobierno municipal incurre en abusos contra el gremio.
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