Las mujeres que hayan sufrido violencia y su agresor esté sujeto a un proceso jurisdiccional deben contar con un permiso laboral que garantice sueldo y prestaciones para que ellas puedan atender el desarrollo de las investigaciones contra la persona que las ha maltratado, afirmó el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso del Estado de México, Omar Ortega Álvarez.
El legislador afirmó que para ello será necesario concretar cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, razón por la cual la bancada perredista presentó un proyecto legislativo encaminado a establecer estos permisos laborales en beneficio de las mujeres violentadas.
Al lamentar que casi ocho de cada 10 mujeres mexiquenses han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, la bancada del PRD en el Congreso local propuso que, mientras se encuentre en un proceso jurisdiccional en contra de un agresor, a las mujeres víctimas de violencia, sin importar la modalidad accedan a una licencia laboral sin perjuicio de su salario, prestaciones y derechos laborales.
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La intención, dijo el diputado, es que ellas den continuidad a su procedimiento sin el riesgo de perder sus empleos e ingresos. Con la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal, se establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México expida un certificado, que acredite la agresión ejercida en su contra para ausentarse en sus trabajos.
Agregó que la vigencia del permiso deberá cubrir el tiempo que dure la etapa de investigación y, en su caso, de la etapa intermedia del proceso penal. Este certificado, el cual analizará la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, permitirá que las mujeres puedan ausentarse de sus fuentes laborales sin perjuicio de sus percepciones económicas para sustanciar su procedimiento.
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Omar Ortega explicó desde tribuna que en muchos casos las mujeres se encuentran imposibilitadas al denunciar a su violentado por la complejidad que representa llevar a cabo una denuncia en términos de dinero y tiempo.
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En la exposición de la propuesta, el legislador lamentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2021 a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% experimentaron al menos un incidente de violencia (psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación) en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida, aspecto del cual el Estado de México obtuvo un 78.7%, superando la media nacional.
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