Comisariados ejidales y comunales que tienen la jurisdicción de los 32,203 núcleos agrarios que ocupan el 50.7% del territorio nacional, que representan la cuarta parte de la población del país y son garantes de la propiedad social de la tierra y sus recursos naturales, así como de la soberanía alimentaria de los mexicanos, denuncian que aún con los programas sociales de la Cuarta Transformación continua la pobreza acumulada durante décadas.
Así como una gran corrupción de todo tipo y la violencia delincuencial, entre otros factores, no se ha logrado reactivar la capacidad productiva y el desarrollo socioeconómico del campo mexicano.
A todo ello se suma la degradación de los suelos, el agotamiento del agua, la deforestación, los efectos cada vez más adversos del cambio climático, así como la entrega de nuestros recursos naturales a empresas extranjeras.
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Por ello, dieron a conocer un manifiesto agrarista, donde proponen: Impulsar una nueva legislación agraria. Fortalecer la infraestructura y los recursos humanos de las instituciones del sector agrario. Apoyar los planes integrales de justicia para los pueblos indígenas. Instaurar el gobierno comunitario y participativo.
En el documento dirigido al Presidente de México, al Poder Legislativo y a los campesinos, demandan integrar las contralorías campesinas. Fortalecer la economía social y el comercio justo. Para no depender de los monopolios agroalimentarios nacionales y extranjeros. Impulsar proyectos estratégicos que incidan en la reactivación de los principales sistemas productivos del campo mexicano.
Estos proyectos se construirán teniendo como propósitos: la autosuficiencia alimentaria, la transición agroecológica (incluye fondos de semillas nativas, bioinsumos, etc.), esquemas de financiamiento accesible a pequeños productores, rehabilitación de la infraestructura de riego y el asociativismo en los sistemas-producto.
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Impulsar la democracia participativa en los tres ámbitos de gobierno. Bajo el principio “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” promoveremos la instalación de órganos institucionales de participación social reconocidos por ley, tales como: cabildos abiertos, comités de planeación para el desarrollo municipal, comités de cuenca, consejos de desarrollo rural sustentable.
También piden impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Fortaleciendo acciones de gobierno, mancomunadas con los pobladores, para el rescate de ríos, barrancas y cuerpos de agua; la prevención y combate de incendios forestales; la reforestación; la aplicación de ecotecnias que mitiguen la contaminación ambiental; así como la promoción de actividades no agrícolas como el aprovechamiento sustentable de los recursos maderable y no maderables, el turismo de naturaleza, entre otras acciones.
Subrayaron que en las últimas tres décadas, desde 1992, cuando se modificó el Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria, se han privatizado cerca de 5 millones de hectáreas; se debilitó la agricultura campesina de autosuficiencia; se destruyeron los ejidos colectivos y se abandonó el cooperativismo.
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En la primera Convención Nacional Agrarista, que se realiza justo en el 104 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata, los participantes de diversas organizaciones campesinas, reivindicaron al campesinado como un actor indispensable para el desarrollo del país; y a los núcleos agrarios y sus órganos de representación como guardianes de la propiedad social de la tierra y los territorios.
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Por ello, con acciones organizadas a ras de tierra, “nos proponemos combatir el rezago agrario, y rescatar y transformar al campo mexicano con la conciencia de que “el ejido y la comunidad son nuestros”.
“El nuevo agrarismo que impulsamos rescata los principios justicialistas del agrarismo histórico del siglo XX, que puso en el centro de la Revolución el derecho de los campesinos a la tierra y el reconocimiento de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas”, indicaron.
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