Pese a las diversas medidas legislativas, judiciales y de política pública, orientadas a garantizar una Vida Libre de Violencia, sus efectos están lejos de garantizar integralmente ese derecho, conduciendo a los diversos feminismos a evolucionar estrategias de lucha y resistencia para sostener y hacer visible su agenda.
Ello lo comentó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, quien llamó a ponderar otros mecanismos para la protección y garantía de los derechos, así como medidas para la Justicia Restaurativa, para aplicar la ley en contra del acto y no criminalizar a las personas, a erradicar sanciones excesivas o desproporcionadas, así como el uso mayoritario de la privación de la libertad e incrementar los tipos penales que duplican conductas ya tipificadas y que dificultan la labor ministerial.
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Se refirió a los efectos del conjunto de las reformas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal -Ley Olimpia- encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas, a través de medios digitales.
Las reformas, reconoció, representan un avance, en tanto el concepto de “porno-venganza” sirvió para visibilizar la violencia digital, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema de justicia, que perpetúa las condiciones de las desigualdades y las violencias.
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Para revertir los efectos negativos y el alto índice de impunidad logrado a través de las reformas mencionadas, la Defensora se pronunció por asegurar el acceso a la justicia con perspectiva de género, a través de la observación de la Justiciabilidad, la Disponibilidad, la Accesibilidad, la Buena Calidad, la Rendición de Cuentas y el Suministro de Recursos, garantizados a nivel normativo.
La funcionaria indicó que las políticas públicas y normas en favor de las mujeres deben superar los efectos políticos y construirse de manera integral para el avance de todos sus derechos.
“Es necesario superar el enfoque punitivista; es decir, la orientación al castigo (propio de un sistema patriarcal) y la tendencia a resolver todo con leyes penales, cuando el alto índice de impunidad que prevalece es muestra de su ineficacia”, citó.
En su participación en el Seminario Nacional “La Violencia de Género y la Agenda Feminista 2030”, convocado por la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) y el Museo de la Mujer, llamó a avanzar en la garantía del Derecho a una Vida libre de Violencia.
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Ramírez Hernández compartió su ponencia sobre “Los retos de la Agenda Feminista” ante las violencias y destacó que, “la adición o modificación de normas, sin el suficiente análisis del impacto en el resto del entramado jurídico, permiten valorar que, en conjunto, algunas medidas son regresivas, en términos de derechos humanos”.
En ese tenor, destacó la necesidad de capacitación en perspectiva de género, interseccional, análisis de contexto y otras herramientas de derechos humanos, como requisito indispensable en el desempeño de todas y todos los servidores públicos.
Además, de que se garantice presupuesto suficiente para la operación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEV 2021-2024), que funciona a través de los Centros de Justicia con apenas mil 194 millones de pesos (0.3% del total del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres).
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