La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, participó activamente en el Foro "Acciones Afirmativas para una Democracia Inclusiva", organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), donde destacó la trascendencia de la reciente reforma constitucional conocida como "3 de 3 Contra la Violencia de Género."
Con la entrada en vigor de esta reforma, Ravel Cuevas enfatizó la necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva para asegurar que todas las personas candidatas cumplan con este requisito de elegibilidad.
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“Tenemos que caminar hacia el hecho de que, si está la consecuencia y la infracción de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ante casos verdaderamente graves, poder establecer que una persona violentadora no llegue a los cargos públicos”, indicó.
En tanto, resaltó que, si bien las acciones afirmativas y la "3 de 3 Contra la Violencia" no generarán cambios sociales inmediatos, ponen en el centro de la discusión la participación y la representación política de grupos en situación de discriminación, así como la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Subrayó que el mayor desafío en la aplicación de esta reforma es garantizar que las mujeres participen de manera libre y ejerzan plenamente sus derechos político-electorales.
“3 de 3 Contra la Violencia” en proceso electoral
Durante su participación en el panel titulado "El papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3 de 3", la consejera Claudia Humphrey recordó que el aumento de la participación de mujeres en política conlleva un aumento en la violencia contra ellas. En el contexto del Proceso Electoral 2023-2024, las autoridades electorales deberán realizar una revisión completa de las postulaciones para asegurarse de que no se encuentren en los supuestos de la "3 de 3 Contra la Violencia."
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“Y los partidos políticos tienen la responsabilidad también de no presentar a personas violentadoras para postularse a un cargo de elección popular", señaló.
Por último, Humphrey recordó que hay una sanción establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expresamente para la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la cual señala que puede haber distintas sanciones, pero una de ellas es la cancelación y/o la negativa del registro a ser postulado como candidato o candidata a un cargo de elección popular.
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