Pacientes y familiares que integran la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas (RAIEC) acudieron este viernes a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Secretaría de Salud, para entregar un posicionamiento en el que rechazan la intención de cancelar Normas Oficiales Mexicanas (NOM), para el tratamiento de diversas enfermedades no transmisibles.
La Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas (RAIEC), junto a 91 organizaciones firmantes, advirtieron que una decisión de esta naturaleza debería estar ampliamente justificada y consensuada, dado que podría tener consecuencias devastadoras para las personas y la sociedad en general.
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“Desechar las NOM sin evidencia científica ni un plan claro aumenta el riesgo de incrementar la prevalencia y las complicaciones de estas enfermedades, causando sufrimiento innecesario e, incluso, la pérdida de la vida”, explicaron.
La importancia de las NOM referidas radica en que son regulaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Salud para garantizar el derecho humano a la protección de la salud. Por medio de ellas se proporcionan lineamientos para la atención y el manejo adecuado de condiciones que son vitales para la supervivencia y el bienestar de millones de personas afectadas por condiciones crónicas.
Asimismo, gracias a ellas se pueden prevenir y gestionar de manera efectiva los padecimientos y mejorar los resultados para las personas que viven con sobrepeso y obesidad (los cuales son factores de riesgo para desarrollar otras comorbilidades, entre las que se encuentra la demencia); dislipidemias; diabetes mellitus; hipertensión arterial sistémica; crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata; cáncer cérvico uterino y cáncer de mama.
Advierten que si se eliminan estas normas se correrá el riesgo de subestimar las necesidades presupuestales del sector salud y agravar las carencias en la atención médica. Por otro lado, la eliminación de las NOM no abona a mejorar la pertinencia de los montos que se asignan al sector salud. Se destina 2.8% del PIB al sector, pero la recomendación internacional es de al menos el 6% del PIB y se han observado recortes al presupuesto aprobado.
Advierten que la atención de las personas sin seguridad social ha sido la más afectada. Los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) destinados a cubrir enfermedades catastróficas fueron de sólo 2.8 mmdp en 2021 -última información anual disponible, 71 % (7 mmdp) menos que el promedio del sexenio pasado.
La atención del cáncer de mama a partir de dicho fondo sufrió un recorte de 93% (2.3 mmdp) frente al promedio, el cáncer cervicouterino un recorte del 93% (117 mdp) y el cáncer de próstata, un recorte de 96% (139 mdp). La desaparición de las NOM puede agravar dicha situación.
Antes que cancelar las NOM mencionadas, se deberían perfeccionar y crear nuevas regulaciones para la atención de otros tipos de enfermedades crónicas no transmisibles que aún no cuentan con una norma de calidad.
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Ante tal situación, las organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas demandaron a las autoridades suspender el proceso de cancelación de las NOM hasta no entablar conversaciones con grupos de pacientes y evaluar el impacto real en la calidad y atención integral de las personas que viven con sobrepeso y obesidad; dislipidemias; diabetes mellitus; hipertensión arterial sistémica; crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata; cáncer cérvico uterino y cáncer de mama.
Explicar con claridad y transparencia la justificación para iniciar el proceso de cancelación de acuerdo con lo que indica el artículo 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y cómo esta decisión beneficiaría la atención integral de las personas que viven con estas enfermedades y clarificar el proceso que ha seguido el proyecto de cancelación de las NOM y las acciones pendientes a realizarse para la conclusión del mismo, así como transparentar el sentido de los votos y argumentos sobre la cancelación de todos los miembros del Comité.
En su pliego petitorio, los pacientes exigieron a la Secretaría de Salud explicar cómo se protegerá y brindará atención integral de calidad por parte de los sectores público y privado a las personas que viven con enfermedades crónicas degenerativas; informar cuáles serán los referentes para los servicios que se brindan en el sector público y privado, para que tanto a profesionales médicos como a usuarios de los sistemas de salud se les garantice: Certidumbre jurídica. Responsabilidad profesional. Parámetros para la toma de decisiones y enfoques para la atención basada en la evidencia científica y Seguridad al paciente.
Asimismo, solicitaron al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicar cómo se programarán y a dónde se destinarán los recursos presupuestales para la atención integral de los programas que responden a las normas que se pretenden cancelar.
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