/ jueves 24 de marzo de 2022

Naucalpan, primer municipio que denuncia por quebranto financiero

Angélica Moya Marín, afirmó que la querella es contra quien resulte responsable del daño financiero que afecta a Naucalpan

El gobierno de Naucalpan formalizó hoy la primera denuncia contra la anterior administración que presidió Patricia Durán Reveles por el quebranto a la hacienda pública.

La actual presidenta municipal, Angélica Moya Marín, afirmó que la querella es contra quien resulte responsable del daño financiero que afecta a Naucalpan.

Dijo que esta denuncia es tanto penal como mercantil por el incumplimiento de un pago a un préstamo a corto plazo con una institución bancaria, cuyo monto ascendió a 275 millones de pesos.

Aseveró que debido a que el gobierno pasado no cumplió con esto, “hoy Naucalpan se encuentra en la lista de buró de crédito”. La alcaldesa agregó que la gestión municipal de Morena no cumplió con la liquidación como lo marca la ley, tres meses antes de la conclusión del mandato constitucional.

Subrayó que este asunto es solo uno de los que heredó su administración, situación que está obligando al ayuntamiento a cumplir con un compromiso mensual de liquidar 76 millones de pesos, "que resultan impagables y que además tienen a Naucalpan en la lista negra del buró de crédito".

Angélica Moya Marín calificó como grave lo que hizo la gestión de Patricia Durán Reveles, debido a que los responsables de la hacienda pública, en su momento, no pagaron. Dijo que la Tesorería municipal, encabezada por Leopoldo Corona, no cumplió.

Afirmó que no se atendió lo que marca la Auditoría Superior de la Federación y La Ley de Disciplina Financiera, tres meses antes de la conclusión del mandato constitucional, al tiempo de acreditar un manejo indebido de los recursos municipales.

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Mencionó que es pertinente el resarcimiento del préstamo, no sin antes iniciar con la denuncia penal, la cual consideró procedente y dijo que serán las autoridades judiciales las que determinen el tipo de delito cometido.

Enfatizó que este asunto, al igual que otros heredados por su gobierno, están mermado la capacidad de acción de la gerencia, y admitió que el margen de maniobra es reducido.

Puntualizó que el problema tampoco les ha posibilitado el poder reestructurar o refinanciar la deuda o el crédito, por la falta de recursos, aun cuando pudieron realizar una entrega de 10 millones de pesos.

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El gobierno de Naucalpan formalizó hoy la primera denuncia contra la anterior administración que presidió Patricia Durán Reveles por el quebranto a la hacienda pública.

La actual presidenta municipal, Angélica Moya Marín, afirmó que la querella es contra quien resulte responsable del daño financiero que afecta a Naucalpan.

Dijo que esta denuncia es tanto penal como mercantil por el incumplimiento de un pago a un préstamo a corto plazo con una institución bancaria, cuyo monto ascendió a 275 millones de pesos.

Aseveró que debido a que el gobierno pasado no cumplió con esto, “hoy Naucalpan se encuentra en la lista de buró de crédito”. La alcaldesa agregó que la gestión municipal de Morena no cumplió con la liquidación como lo marca la ley, tres meses antes de la conclusión del mandato constitucional.

Subrayó que este asunto es solo uno de los que heredó su administración, situación que está obligando al ayuntamiento a cumplir con un compromiso mensual de liquidar 76 millones de pesos, "que resultan impagables y que además tienen a Naucalpan en la lista negra del buró de crédito".

Angélica Moya Marín calificó como grave lo que hizo la gestión de Patricia Durán Reveles, debido a que los responsables de la hacienda pública, en su momento, no pagaron. Dijo que la Tesorería municipal, encabezada por Leopoldo Corona, no cumplió.

Afirmó que no se atendió lo que marca la Auditoría Superior de la Federación y La Ley de Disciplina Financiera, tres meses antes de la conclusión del mandato constitucional, al tiempo de acreditar un manejo indebido de los recursos municipales.

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Mencionó que es pertinente el resarcimiento del préstamo, no sin antes iniciar con la denuncia penal, la cual consideró procedente y dijo que serán las autoridades judiciales las que determinen el tipo de delito cometido.

Enfatizó que este asunto, al igual que otros heredados por su gobierno, están mermado la capacidad de acción de la gerencia, y admitió que el margen de maniobra es reducido.

Puntualizó que el problema tampoco les ha posibilitado el poder reestructurar o refinanciar la deuda o el crédito, por la falta de recursos, aun cuando pudieron realizar una entrega de 10 millones de pesos.

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