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El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México planteó tanto a la alcaldía Cuauhtémoc como al gobierno capitalino, emprender la modernización de oso 39 mercados públicos situados en la demarcación, más cundo hay dinero recaudado de los estacionamientos y servicios de baño.
Con la representación de la bancada de Acción Nacional, el diputado local de ese partido, Aníbal Cañez Morales, calificó de urgente que la administración de Cuauhtémoc ponga atención en el mantenimiento de e esos centros de abasto popular.
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Al referirse a su propuesta que fue respaldada por la diputación panista, fundamentó que hay quejas de comerciantes, locatarios, clientes y usuarios de los mercados por la falta de señalamientos y la publicidad de los programas de gestión de riesgos, así como la ausencia de rampas para personas con discapacidad e infraestructura con perspectiva de accesibilidad universal.
“Otro problema común entre los locatarios de los mercados que cuentan con estacionamiento, es precisamente la molestia debido al cobro por el uso y aprovechamiento de los espacios, toda vez que el monto recaudado por esta actividad se destinaba, a decir de los comerciantes, en mejoras para el propio mercado, como lo era la pintura del inmueble y áreas generales, el asfaltado del estacionamiento, la reparación y mantenimiento de techos e instalaciones eléctricas, entre otros”, precisó.
Detalló que ahora refieren que el dinero recaudado por dicha actividad lo recauda la alcaldía y se desconoce el destino de los recursos, debido a que ya no se aplica directamente en la mejora de esos mercados.
El representante popular del blanquiazul hizo notar que el artículo 91 de las Normas para la Regulación y Funcionamiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, señala que la prestación del servicio de estacionamientos en los mercados públicos corresponderá a la Aalcaldía, a través de la Dirección General Jurídica y de Asuntos de Gobierno o área administrativa que corresponda en función de sus atribuciones.
Recordó que la prestación del servicio de estacionamientos puede concesionarse a favor de la asociación de comerciantes que corresponda por mercado, atendiendo siempre a lo establecido en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Aníbal Cañez explicó que en cuanto a la actividad comercial, tanto locatarios como usuarios han manifestado el retraso en el uso de mecanismos innovadores para las transacciones mercantiles en los mercados públicos, como lo es poder utilizar el dinero que los programas sociales del gobierno federal o de la Ciudad de México para la adquisición de productos, ya que son mediante tarjetas de débito o monederos electrónicos.
Abundó que es por eso que el adquirir terminales para punto de venta por parte de los locatarios es complejo, debido a las comisiones que les imponen las instituciones financieras para la contratación de estas herramientas, así como la imposibilidad para poder cobrar a través de los que ya cuentan con estas herramientas debido a la falta de convenios con las autoridades para poder llevar a cabo las transacciones mediante mecanismos electrónicos.
El congresista, por lo anterior, exigió llevar a cabo diversas acciones para mejorar las condiciones en los mercados públicos, que la alcaldía en coordinación con el gobierno emprenden para reforzar los programas, así como para ampliar los mecanismos en materia de protección civil dentro de los mercados públicos que se encuentran en la demarcación territorial de la alcaldía Cuauhtémoc.
“Se exhorta a la alcaldía para que, dentro de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones de estudio y análisis para la adecuación de la infraestructura y los espacios físicos en los mercados para que cuenten con características de accesibilidad universal”, refrendó.
Pidió a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) llevar a cabo las acciones necesarias con la finalidad de que los locatarios de los mercados de la Cuauhtémoc puedan contar con mecanismos de cobro electrónico por la venta de productos y prestación de servicios, así como para que los usuarios apliquen los recursos derivados de programas sociales para el pago de productos y servicios.
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