Ante la masacre ocurrida el pasado 8 de diciembre, en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, donde fallecieron 14 personas y 7 resultaron lesionadas, Causa en Común condenó enérgicamente la omisión sistemática de los gobiernos municipal, estatal y federal ante el asedio permanente de integrantes del grupo delictivo conocido como “La Familia Michoacana”, quienes extorsionan y amenazan a pobladores de municipios, como, además de Texcaltitlán, Ixtapan de la Sal, Zacualpan, Coatepec Harinas, Temascaltepec, San Simón Guerrero, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya y Amatepec.
Esa masacre, añadió, es consecuencia de la incapacidad e indolencia de los tres ámbitos de gobierno ante la violencia crónica que vive el país.
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En ese trágico evento, en el que perdieron la vida cuatro pobladores y cuatro más resultaron heridos, evidencia el hartazgo de la población ante el acoso de grupos delincuenciales y la omisión de las autoridades.
Es necesario señalar que este no es un hecho aislado, sino que se suma a las 420 masacres que Causa en Común ha documentado del 1 de enero al 5 de diciembre de 2023.
También visibiliza la urgente necesidad de una acción decidida por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos.
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Por ello es esencial que las autoridades desarrollen una estrategia real que atienda el deterioro y abandono institucional que padecen las policías locales y que supere el ineficaz despliegue de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.
La organización demandó una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos de extorsión y amenazas recibidas por los pobladores y llevar a los responsables ante la justicia.
Igualmente exigió a las autoridades asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad, y a implementar estrategias efectivas para abordar la violencia criminal que afecta a nuestra sociedad.
Rechaza insistencia del presidente
Asimismo, Causa en Común manifestó su preocupación y rechazo ante la insistencia del presidente Andrés López Obrador y de su partido en continuar destruyendo las instituciones.
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En la lista de obstáculos a un poder que pretende expandirse y prolongarse a cualquier costo, se incluye el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), citó.
Como organismo constitucional autónomo, el INAI es indispensable en el progreso hacia una sociedad informada y su eliminación plantea también descartar la rendición de cuentas a la que están obligadas las autoridades de cualquier democracia.
Además, en la lista de demoliciones están incluidos la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía, lo que abonaría a la arbitrariedad política en la toma de decisiones económicas, violando derechos y tratados internacionales.
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