La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la Ciudad de México Geraldina González de la Vega Hernández, dejó en claro que garantizar el derecho a la menstruación digna, requiere fomentar el acceso a productos de gestión menstrual, información científica y libre de tabúes en las escuelas, además de infraestructura sanitaria adecuada y acceso a servicios de salud.
Al participar en el conversatorio “Hablando de menstruación: derecho humano de las niñas, mujeres y personas menstruantes”, propuso generar políticas públicas que atiendan estas necesidades para estudiantes de escuelas públicas y población vulnerable.
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En el ejercicio de intercambio de ideas que llevó a cabo el Congreso de la Ciudad de México, a fin de impulsar iniciativas y políticas públicas para garantizar el derecho a una menstruación digna, también participó la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Guadalupe Casas Ratia, quien sostuvo que la problemática de desigualdad se reproduce desde los términos que científicos varones asignaron a la anatomía y los procesos biológicos femeninos.
Delineó que además se expresan en el trabajo reproductivo que es parte de la sociedad, con lo que se perpetúan estereotipos de género.
Señaló que mediante la encuesta realizada por Essity, empresa líder en higiene y salud y la organización colectiva Menstruación Digna-México, se determinó que el 69 por ciento de las personas menstruantes tenían poca o nula información cuando tuvieron su primer periodo de menstruación; el 43 por ciento de adolescentes prefieren quedarse en casa y no acudir a sus escuelas durante este lapso; y el 30 por ciento utiliza papel higiénico en lugar de toallas femeninas.
Ante académicas y funcionarias que analizaron los retos y condiciones de desigualdad y exclusión que afectan a estos sectores poblacionales, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del recinto de Donceles y Allende, la diputada morenista Marisela Zúñiga Cerón, reconoció que los representantes populares tienen la obligación de dignificar los derechos humanos mediante la generación de modificaciones legislativas y políticas públicas que impulsen el bienestar social, por lo que el diálogo es un llamado para que la ciudadanía y representantes populares se sumen a esta causa.
Asimismo, la integrante de la bancada de Morena en la II Legislatura del Congreso local, recordó que recientemente presentó iniciativas para garantizar el respeto y reconocimiento del derecho a una menstruación digna de las personas en situación de calle y las mujeres privadas de su libertad por procesos penales.
De igual forma, para implementar estrategias que garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, acciones todas que irán acompañadas de un punto de acuerdo para solicitar un convenio con la administración federal para emprender cursos y talleres en la materia.
En su ponencia, la subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la capital, Rebeca González Camacho, señaló que armonizar las leyes federales y locales permitirá generar políticas públicas para eliminar toda forma de violencia que impida el cumplimiento de los derechos de las mujeres y personas menstruantes.
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