Las tomas clandestinas que utiliza la delincuencia organizada para robar hidrocarburos aumentaron 120% en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo los municipios del Estado de México los que encabezan los “pinchazos” en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el centro del país, lo que demuestra que el huachicol se desbordó y exhibe una tendencia imparable.
De acuerdo con el reporte final de sexenio, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), este diagnóstico coincide con los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), respecto a que siete de los municipios mexiquenses, ubicados en el Valle de México, están bajo el control de grupos criminales que han aumentado el hurto de combustibles.
En su reporte final de sexenio, esta organización menciona que en 2023 se alcanzó el máximo histórico de tomas clandestinas registradas por Petróleos Mexicanos.
Establece que en los primeros cinco años del hoy ex Presidente Enrique Peña Nieto se registraron 21 mil 503 tomas, y en el mismo periodo de Andrés Manuel López Obrador la cifra se disparó a 47 mil 317.
Esto representa un incremento del 120%, lo que significa que la tendencia a la baja de 2018 a 2020 se ha revertido y el problema es más grave que en cualquier gobierno anterior.
La información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP apunta a una conclusión coincidente, pues este grupo repartidor de combustible advierte que, a través de boquetes hechos por la delincuencia organizada en los ramales de Petróleos Mexicanos, los criminales han venido actuando con suma impunidad, principalmente en el centro del país.
Las entidades donde se tienen detectadas tomas clandestinas, conforme a la información que posee la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, cuyo presidente ejecutivo es Carlos Serrano Farrera, son: Estado de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco e Hidalgo.
En el territorio mexiquense los municipios donde los grupos delincuenciales sustraen de manera ilícita el combustible y ejercen un control absoluto son: Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Nextlalpan, Tonanitla, Polotitlán, Papalotla, Coyotepec y Chiautla.
En lo que hace al robo de Gas LP, Amexgas tiene datos de que en 2018 la cifra de “cirugías” hechas por la delincuencia organizada para robar este combusti[1]ble era de 222; en 2019 subió a mil 315; en 2020 se fueron a 2 mil 71; en 2021 aumen[1]taron a 2 mil 402; en 2022 crecieron a 2 mil 503, y en el primer semestre de 2023 el número se disparó a 3 mil 848, lo que representa un incremento del 1,633%.
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad en su reporte final de sexenio sobresalen incrementos en otros delitos y manifestó que el actual gobierno federal quedará en deuda respecto a la reducción de los delitos que más afectan a la sociedad, por lo que el régimen lopezobradorista será recordado como el sexenio más violento de la historia.
Inseguridad desatada
Francisco Rivas afirmó que, a poco menos de nueve meses de que termine la actual administración federal, y a unos cinco meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, existen registros de aumento en diversos delitos.
El titular del Observatorio Nacional Ciu[1]dadano aclaró que el gobierno en turno debilitó los registros estadísticos que permitían validar los resultados y diseñó indica[1]dores de una manera muy ambigua.
Los reportes advierte, por ejemplo, que “otros delitos contra el patrimonio” presentan un crecimiento del 40%; “otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual”, un incremento del 175%; “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, un 94% más; “otros delitos que atentan contra la libertad personal, un 54%, y “otros delitos del fuero común, un crecimiento del 25%.
Indicó que con los cambios hechos en este sexenio en materia de monitoreo de incidencia delictiva existe un subregistro y manipulación de datos Asimismo, Francisco Rivas destacó que con base en el análisis de su reporte de fin de sexenio se desmienten las declaraciones
triunfalistas en torno a la reducción de la violencia de género, del robo de hidrocarburo, de la desaparición de personas, de la transparencia y la rendición de cuentas.
Consideró como imperativo hacer un corte de caja y evaluar si las acciones de esta administración han logrado mantener sus promesas y cristalizar sus objetivos, con el fin de entender si las propuestas de quienes contenderán por la Presidencia de la República, en torno a la continuidad o al cambio de la estrategia, ayudarán o dificultarán la recuperación de la tan anhelada paz social.
Resaltó que la calidad de la información sobre incidencia delictiva empeoró. Se perdieron los esfuerzos de la administración federal pasada por mejorar la calidad de los registros de incidencia delictiva del fuero común e identificó un crecimiento inexplicable de categorías opacas.
Máximos históricos en delitos
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad consigna que la incidencia delictiva contra las mujeres alcanzó niveles históricos en 2023. Se llegaron máximos históricos de extorsión, lesiones dolosas, otros delitos contra la sociedad, otros delitos que atentan contra la libertad personal, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal.
Estos delitos, advirtió Rivas, no consideran otros como violencia familiar o violación en los que el grueso de las víctimas son mujeres.
Lo mismo ocurrió con la incidencia delictiva en contra de niñas, niños y adolescentes, que alcanzó niveles críticos durante este sexenio. Entre 2019 y 2023 se tiene registro de al menos 152 mil niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito. La incidencia delictiva creció 35% en este periodo.
Al menos mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de homicidio doloso cada año y 37 de cada 100 de estos menores son víctimas de lesiones dolosas convirtiéndose en el principal delito.
De la misma manera, la narrativa del gobierno federal intenta minimizar las desapariciones, sin embargo, existe evidencia de que dicha crisis permanece. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023 se registraron 48 mil 235 personas desaparecidas y no localizadas, lo cual implica un aumento de 75.94% respecto al mismo periodo de la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto, cuando se registraron 27 mil 416 personas desaparecidas y no localizadas.
Tendencias preocupantes
Asimismo, en el reporte de fin de sexenio, se establece que otros delitos exhiben tendencias preocupantes, pero ni se consideran de alto impacto, ni se les da seguimiento.
Estos son delitos ambientales, los cuales registran más de 2 mil carpetas de investigación en 2019. El año pasado fue el último con la incidencia máxima desde que se tiene registro.
Del mismo modo, las amenazas tuvieron un incremento de 27% respecto a 2019, superando más de 10 veces la cantidad de carpetas de investigación por extorsión.
El estudio también indica que los delitos cometidos por servidores públicos alcanza[1]ron valores históricos. Se tiene registro de poco más de 100 mil carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos entre 2019 y 2023. Es decir, que la incidencia promedio por año creció 45% respecto al periodo de 20152018.
Según Francisco Rivas, la mayor parte de los “indicadores” sobre incidencia de[1]lictiva, a la luz de los resultados actuales, será imposible de alcanzar y ello repre[1]senta un duro revés, pues advirtió que sólo dos objetivos se alcanzarán y, de estos, uno será gracias al subregistro y a la manipulación de datos.
Rotundo fracaso
Si en materia de homicidios el objetivo era lograr una tasa total del sexenio de 51 ho[1]micidios dolosos por cada 100 mil habitantes —la tasa total de homicidios dolosos del sexenio de Peña cerró en 102 por cada 100 mil habitantes—, los más de 110 homicidios por cada 100 mil habitantes, alcanzada en noviembre de 2023, hacen imposible que se cumpla el resultado y ello es un rotundo fracaso.
En medio de esta tendencia, para finales del presente año, resultará imposible que se cumpla el objetivo de llegar a la tasa de 13.87 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, dado que la tasa de 2023 fue de 23.26, así como concluir la administración en 33.89 robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes, si en 2023 la tasa fue de 41.62, además de alcanzar los 54.77 robos a transeúnte por cada 100 mil habitantes, cuando en 2023 la tasa alcanzó los 73.13.
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De la misma manera, será imposible reducir a 8.96 robos en transporte público por cada 100 mil habitantes, que en 2023 fueron 11.23. Tampoco podrá lograrse que la tasa de violaciones por cada 100 mil habitantes sea de 6.66, ya que en 2023 alcanzó las 17.32 con una clara tendencia al alza.
Con esta realidad, la distancia entre lo establecido y lo que hasta la fecha ha ocurrido es un claro fracaso de la administración federal en materia de seguridad pública.
Francisco Rivas mencionó que si el gobierno de López Obrador mantiene los actuales resultados, rebasará con creces su objetivo de lograr los 0.78 secuestros y los 126.79 robos de vehículos por cada 100 mil habitantes.
“Si bien ambos casos parecerían grandes resultados, sólo el robo de vehículo debe considerarse como real, ya que en el ONC hemos demostrado en reiteradas ocasiones cómo la manipulación de datos y el ocultamiento de las víctimas, apuntan a que no sólo no se ha logrado reducir el secuestro en la magnitud deseada, sino que éste ha aumentado a lo largo del sexenio”, concluyó el representante del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
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