/ jueves 17 de agosto de 2023

Habitantes de Xochimilco logran que Vivero Nezahualcóyotl no se vuelva cuartel de la Guardia Nacional

La lucha de los habitantes de los pueblos y barrios originarios data desde 2020

El pasado 15 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se abroga la desincorporación de una fracción de terreno del vivero “Nezahualcóyotl”, en la Alcaldía Xochimilco, el cual iba a destinarse para la construcción de un cuartel de Guardia Nacional.

Ello se logró gracias a la lucha de los habitantes de los pueblos y barrios originarios que desde 2020 han defendido el medio ambiente, sus recursos naturales y un territorio libre de militarización.

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El Centro Pro junto con otras organizaciones recordó que el 9 de diciembre de 2022, el Gobierno de la CDMX emitió un decreto para ceder parte del vivero en Xochimilco al Gobierno Federal para construir un cuartel de GuardiaNacional, a pesar de ser un área natural protegida.

Los habitantes de distintos pueblos y barrios originarios de Xochimilco emprendieron distintas acciones, incluida una demanda de amparo contra las autoridades de la Ciudad de México.

En el amparo reclamaron su derecho a la consulta previa, libre e informada, que se vulneraron sus derechos a la tierra y al territorio, además de que las autoridades capitalinas ignoraron la importancia cultural del vivero y su derecho a un medio ambiente sano.

Ante ello, el Poder Judicial emitió una suspensión definitiva, como medida cautelar durante el amparo, lo que que detuvo la construcción del cuartel hasta que se evaluara su impacto en los derechos de la comunidad.

El logro de las y los habitantes Xochimilco es un ejemplo para otras comunidades que continúan luchando por la defensa de su territorio y por su derecho de mantener sus territorios libres de militarización, resaltó el Centro Pro en su cuenta X.

Vecinos y diversas acompañantes instaron al Poder Judicial a mantener su protección de los derechos humanos de las comunidades y alentaron al Gobierno capitalino a adoptar un enfoque de seguridad ciudadana, en vez de la profundización de la militarización.

Esa parte del vivero de Nezahualcóyotl en la Alcaldía Xochimilco, el cual iba a destinarse para la construcción del segundo cuartel de Guardia Nacional en esa demarcación.

En un comunicado, el Centro Pro junto con las agrupaciones vecinales llamaron a distintas comunidades para que continúen supervisando las construcciones de cuarteles en la alcaldía y la capital, para garantizar la legalidad y respeto a los derechos, así como otras obras que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México sin consultar a las y los habitantes; también recordaron sus demandas para garantizar el derecho al agua y a proteger los recursos naturales de la alcaldía.

Las y los pobladores recordaron que continúan luchas como la que han llevado a cabo en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilca, y en la Unidad El Rosario, en Azcapotzalco, para exigir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que admita las quejas por la construcción de dos cuarteles militares en sus comunidades, que vulneran los derechos de los habitantes de estas comunidades.

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El pasado 15 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se abroga la desincorporación de una fracción de terreno del vivero “Nezahualcóyotl”, en la Alcaldía Xochimilco, el cual iba a destinarse para la construcción de un cuartel de Guardia Nacional.

Ello se logró gracias a la lucha de los habitantes de los pueblos y barrios originarios que desde 2020 han defendido el medio ambiente, sus recursos naturales y un territorio libre de militarización.

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El Centro Pro junto con otras organizaciones recordó que el 9 de diciembre de 2022, el Gobierno de la CDMX emitió un decreto para ceder parte del vivero en Xochimilco al Gobierno Federal para construir un cuartel de GuardiaNacional, a pesar de ser un área natural protegida.

Los habitantes de distintos pueblos y barrios originarios de Xochimilco emprendieron distintas acciones, incluida una demanda de amparo contra las autoridades de la Ciudad de México.

En el amparo reclamaron su derecho a la consulta previa, libre e informada, que se vulneraron sus derechos a la tierra y al territorio, además de que las autoridades capitalinas ignoraron la importancia cultural del vivero y su derecho a un medio ambiente sano.

Ante ello, el Poder Judicial emitió una suspensión definitiva, como medida cautelar durante el amparo, lo que que detuvo la construcción del cuartel hasta que se evaluara su impacto en los derechos de la comunidad.

El logro de las y los habitantes Xochimilco es un ejemplo para otras comunidades que continúan luchando por la defensa de su territorio y por su derecho de mantener sus territorios libres de militarización, resaltó el Centro Pro en su cuenta X.

Vecinos y diversas acompañantes instaron al Poder Judicial a mantener su protección de los derechos humanos de las comunidades y alentaron al Gobierno capitalino a adoptar un enfoque de seguridad ciudadana, en vez de la profundización de la militarización.

Esa parte del vivero de Nezahualcóyotl en la Alcaldía Xochimilco, el cual iba a destinarse para la construcción del segundo cuartel de Guardia Nacional en esa demarcación.

En un comunicado, el Centro Pro junto con las agrupaciones vecinales llamaron a distintas comunidades para que continúen supervisando las construcciones de cuarteles en la alcaldía y la capital, para garantizar la legalidad y respeto a los derechos, así como otras obras que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México sin consultar a las y los habitantes; también recordaron sus demandas para garantizar el derecho al agua y a proteger los recursos naturales de la alcaldía.

Las y los pobladores recordaron que continúan luchas como la que han llevado a cabo en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilca, y en la Unidad El Rosario, en Azcapotzalco, para exigir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que admita las quejas por la construcción de dos cuarteles militares en sus comunidades, que vulneran los derechos de los habitantes de estas comunidades.

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