/ martes 3 de mayo de 2022

Familias Triquis piden que los dejen circular libremente por la CDMX

Las 143 familias triquis que fueron reubicadas en la casa del Estudiante en la alcaldía Iztacalco, aseguran que siguen retenidas y vigiladas, ya que los policías que las mantienen encapsuladas, no las dejan salir libremente.

“Si salimos con nuestro huipil… nos preguntan a dónde va… qué van hacer… no se pueden volver a colocar en la vía pública", denunció Venustiana López, una de las representantes del grupo de indígenas de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca.

En una entrevista con La Presa, la indígena triqui pide que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum los atienda y que la policía capitalina los deje andar libremente. “No hay una mesa concreta con la autoridad capitalina y sólo nos dan largas, Queremos que nos reciban”, apuntó.

“El gobierno los obliga hacer cosas que no deben”, tras el desalojo del plantón que mantuvieron durante 15 meses en avenida Juárez y Eje Central, “intentamos colocar el plantón en el Reloj Chino, frente a la Secretaría de Gobernación y otra vez llegaron los granaderos a quitarnos, y pese a nuestras quejas, no hay una mesa formal instalada para nuestro regreso a Oaxaca”.

Este grupo de familias triquis demanda que las autoridades federales envíen a la Guardia Nacional a Tierra Blanca, Oaxaca, de donde fueron desplazados por paramilitares.

Venustiana López declaró que se habla de un pacto de paz, pero no se dan los pasos concretos para ello, por lo que recordó que el grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, (MULT) los desplazó de Tierra Blanca, Oaxaca y por ello llegaron hace 15 meses a la Ciudad de México.

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"El MULT impide nuestra entrada a nuestra tierra, mientras que el gobernador Alejandro Murat, no hizo nada para detener esa arbitrariedad y por el contrario apoya a esa organización paramilitar”, citó.

López dijo que la jefa de gobierno, y el secretario de gobierno, Martí Batres, deben entender que los desplazados queremos regresar a nuestro pueblo, pero en condiciones seguras.

De ahí que recalcó al Gobierno de la Ciudad de México garantizar sus derechos a la libre manifestación y de tránsito.

Otra de las peticiones que hacen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que atienda este conflicto, “queremos platicar con el presidente, somos un pueblo que lo apoya y debe conocer de primera mano la verdad de estas comunidades indígenas, y no hacerse de oídos sordos”, señaló.

Por separado, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México informó que investiga una queja que presentaron indígenas triquis por el retiro del en avenida Juárez, en la colonia Centro.

La cuarta visitaduría es la encargada de realizar la investigación con el propósito de verificar que sean atendidos y se cumpla con el acuerdo alcanzado que permitió su traslado de un albergue de la colonia Valle Gómez a la Casa del Estudiante en Iztacalco.

Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCM comentó en días pasados que en el convenio se limita la protesta social, dado que existe un marco regulatorio emitido en 2019 que permite a las autoridades capitalinas retirar un plantón o bloqueo de vialidades primarias.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

Las 143 familias triquis que fueron reubicadas en la casa del Estudiante en la alcaldía Iztacalco, aseguran que siguen retenidas y vigiladas, ya que los policías que las mantienen encapsuladas, no las dejan salir libremente.

“Si salimos con nuestro huipil… nos preguntan a dónde va… qué van hacer… no se pueden volver a colocar en la vía pública", denunció Venustiana López, una de las representantes del grupo de indígenas de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca.

En una entrevista con La Presa, la indígena triqui pide que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum los atienda y que la policía capitalina los deje andar libremente. “No hay una mesa concreta con la autoridad capitalina y sólo nos dan largas, Queremos que nos reciban”, apuntó.

“El gobierno los obliga hacer cosas que no deben”, tras el desalojo del plantón que mantuvieron durante 15 meses en avenida Juárez y Eje Central, “intentamos colocar el plantón en el Reloj Chino, frente a la Secretaría de Gobernación y otra vez llegaron los granaderos a quitarnos, y pese a nuestras quejas, no hay una mesa formal instalada para nuestro regreso a Oaxaca”.

Este grupo de familias triquis demanda que las autoridades federales envíen a la Guardia Nacional a Tierra Blanca, Oaxaca, de donde fueron desplazados por paramilitares.

Venustiana López declaró que se habla de un pacto de paz, pero no se dan los pasos concretos para ello, por lo que recordó que el grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, (MULT) los desplazó de Tierra Blanca, Oaxaca y por ello llegaron hace 15 meses a la Ciudad de México.

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"El MULT impide nuestra entrada a nuestra tierra, mientras que el gobernador Alejandro Murat, no hizo nada para detener esa arbitrariedad y por el contrario apoya a esa organización paramilitar”, citó.

López dijo que la jefa de gobierno, y el secretario de gobierno, Martí Batres, deben entender que los desplazados queremos regresar a nuestro pueblo, pero en condiciones seguras.

De ahí que recalcó al Gobierno de la Ciudad de México garantizar sus derechos a la libre manifestación y de tránsito.

Otra de las peticiones que hacen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que atienda este conflicto, “queremos platicar con el presidente, somos un pueblo que lo apoya y debe conocer de primera mano la verdad de estas comunidades indígenas, y no hacerse de oídos sordos”, señaló.

Por separado, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México informó que investiga una queja que presentaron indígenas triquis por el retiro del en avenida Juárez, en la colonia Centro.

La cuarta visitaduría es la encargada de realizar la investigación con el propósito de verificar que sean atendidos y se cumpla con el acuerdo alcanzado que permitió su traslado de un albergue de la colonia Valle Gómez a la Casa del Estudiante en Iztacalco.

Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCM comentó en días pasados que en el convenio se limita la protesta social, dado que existe un marco regulatorio emitido en 2019 que permite a las autoridades capitalinas retirar un plantón o bloqueo de vialidades primarias.

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