Ante la inacción del gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para actuar en torno al despojo al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) de la finca ubicada en Belisario Domínguez número 48, diputados locales refrendaron su apoyo a las familias afectadas.
Los representantes de los vecinos Lorena García Alonso y María Eugenia Vargas Morales, acudieron al Congreso de la Ciudad de México, donde nuevamente solicitaron a legisladores su intervención.
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En el marco de una manifestación que realizaron afuera del recinto de Donceles y Allende, recordaron que hace un mes fueron recibidos por los representantes populares del PAN, Federico Döring y Héctor Barrera Marmolejo, quien preside la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos en el recinto legislativo, así como por el diputado Ramón Castro Escobedo, suplente de José Octavio Rivera Villaseñor, titular de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, cuando éste se encontraba de licencia.
Mientras que diputados se comprometieron a atender el caso, desesperadas y angustiadas, las 38 familias que vivían en Belisario Domínguez número 43 fueron a la sede del órgano deliberativo y, con rabia e impotencia, lamentaron que la FGJ “no actúe en contra de quienes invadieron el predio”, que responden al nombre de Martín Rebolledo y Claudia Morales.
Al ser entrevistadas Lorena García y María Eugenia Vargas, coincidieron en que “el daño no es sólo para nosotros sino también para el Instituto de Vivienda debido a que el citado predio fue expropiado el 20 de agosto de 2004 a favor del organismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
Expusieron que a pesar del daño estructural que existe en el edificio, los invasores cometen los delitos de despojo y extorsión, porque dejaron entrar a vivir a decenas de familias a quienes les cobran una renta y lo más grave, es que han empezado a demoler columnas para hacer más cuartos y de ahí recibir más dinero.
Las que velan por los intereses de las 38 familias, revelaron que “tenemos miedo de que estos invasores nos hagan daño debido a que han gritado a los cuatro vientos que el grupo delincuencial La Unión de Tepito los respalda”.
Consideraron que además los apoyan desde el gobierno capitalino y, dentro de ese contexto, García Alonso expuso que a pesar de que la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana abrió la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-1C/D/01255/08-2018 no pasa nada, nadie los investiga.
Sostuvo que no solo se afecta a los despojados, sino a una dependencia noble como es el INVI, que vela por los intereses para que puedan adquirir vivienda los más pobres de esta ciudad.
“Estamos hoy de nueva cuenta en el Congreso porque no queremos un diálogo de sordos, no queremos que sólo nos escuchen, sino que también resuelvan”, estableció Vargas Morales.
Mientras tanto, Lorena García cuestionó: “¿qué interés tiene la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la Fiscal Ernestina Godoy con Claudia Morales y Martín Rebolledo?”.
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Para ella, “no es justo que mientras la ciudadanía es botín de hampones a estos invasores se le otorgue vigilancia por parte de la Policía de Investigación durante las 24 horas del día, así como de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el predio el cual despojaron al INVI y a nosotros porque ya estábamos en pláticas para que se nos hiciera vivienda de interés social”.
Aseguraron que el predio está a punto de derrumbarse, porque su expropiación fue justamente por el daño estructural que tiene, aunado a eso recientemente le han quitado muros de carga. “Entonces, luego que no se lave las manos Claudia Sheinbaum ni la gente de Protección Civil, por los muertos que pueda haber por algún derrumbe, que no se les olvide que estamos en una zona sísmica”.
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