Organizaciones de la sociedad civil, expertas en temas de seguridad vehicular y de familiares de víctimas, urgieron a diputadas y diputados del Congreso de la Unión a votar sin reservas a favor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial tal y como se aprobó en el Senado, y que ha sido impulsada por familiares de víctimas de siniestros de tránsito, especialistas y sociedad civil desde 2014.
Pues México padece el fallecimiento de más de 16,000 personas, es decir se registraron 44 defunciones al día a causa de accidentes viales y donde por lo menos 140,000 sufren lesiones graves cada año por siniestros de tránsito.
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Este 17 de marzo, la votación en el pleno de la Cámara de Diputados de una ley que nació desde la sociedad civil para atender dichas tragedias que vivimos día con día, podría vivir por primera vez en su historia atención integral al tema.
Las organizaciones de la sociedad civil citó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su estudio de 2021: Estimación de los costos económicos y sociales de siniestros viales en México, estima que en 2018 los costos por siniestros viales en México sumaron entre 174 mil millones y 204 mil millones de pesos (mmdp).
Y que la venta de vehículos que cuentan con sistemas y dispositivos de seguridad vehicular en México se relaciona con reducciones en el registro de siniestros viales en zonas urbanas y suburbanas, lo que significa una reducción de muertes, lesiones y los costos asociados.
Organizaciones como El Poder del Consumidor, Refleacciona, México Previene, Manu Vive y Justicia para Gabi Soto, señalan que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se volverá por lo tanto un instrumento jurídico que exprese adecuadamente el mandato constitucional que garantiza, entre otras cosas, el piso mínimo a nivel federal para cumplir con el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial.
La cual es imposible de garantizar si no se legisla adecuadamente la seguridad vehicular, con base en las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo.
Calificaron de inverosímil eximir de la gran responsabilidad que tienen los vehículos y su diseño en los siniestros de tránsito, ya que la industria automotriz es quien obstaculiza el proceso de más de 3 años de investigación, colaboración, elaboración, redacción y revisión del proyecto de ley.
Refleacciona con Responsabilidad A.C., organización civil que ha trabajado por mejorar la seguridad vial y vehicular en México, manifestó aspectos de dicha interferencia.
Miguel Ángel Toscano, presidente de la organización, aseguró: “la industria automotriz mexicana invierte millones de pesos para frenar cualquier política pública que busque incrementar la seguridad vehicular.
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En tanto, Stephan Brodziak, Coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder de Consumidor, comentó: "diputadas y diputados, les pedimos que estén del lado de los peatones, de los ciclistas, de las niñas, niños y adolescentes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los usuarios del transporte público, todos ellos usuarios vulnerables de la vía que mueren con tanta frecuencia en nuestro país.
“Les pedimos que estén del lado de la salud pública, del bienestar de las personas, de la economía familiar y del país y voten a favor de una ley que pone por encima de los intereses comerciales de la industria automotriz el mandato constitucional de garantizar la movilidad de las personas en condiciones de seguridad vial. Necesitamos la #LeyMovilidadSegura".
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