pronunció a favor de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas, emprendan una estrategia para desmantelar a los que supuestamente ofertan casas y departamentos por redes sociales, pero al final, son simples defraudadores que engañan al futuro comprador.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el recinto de Donceles y Allende, el panista José Gonzalo Espina Miranda, recibió el apoyo de la bancada de Acción Nacional en demandar además que se haga una investigación en torno a la forma de operar del personal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), toda vez que se presume están involucrados en la adquisición de inmuebles mediante una serie de engaños.
Al comprometerse a presentar en breve una iniciativa de ley que aumente las penas para quienes lleven a cabo fraudes y despojos, el congresista del blanquiazul consideró que se trata de un hecho que puede constituir asociación delictuosa, lo cual, se agrava cuando la calidad específica la tienen servidores públicos.
Explicó que es común que aparezcan mensajes o publicidad en perfiles de Facebook o Twitter, donde se difunden fotografías de los inmuebles acompañadas de promociones en el enganche, en tanto que el valor de la propiedad resulta muy atractivo.
“Pero en realidad es un fraude, en la publicidad hay números de contacto donde supuestamente se ofrece más información y cuando se logra convencer al futuro comprador, se le solicita, como primer requisito, un depósito a cuenta bancaria, pero una vez realizado este pago, el supuesto vendedor desaparece”, delineó el diputado local al hacer declaraciones al respecto.
Espina Miranda hizo alusión a que hay muchos casos así y que también se relacionan con el INVI, donde las citas para “dialogar” sobre requisitos se realizan a las afueras del edificio sede.
“Los defraudadores lo hacen así para dar la impresión que trabajan o tienen contactos dentro del instituto, pero es simplemente una fachada para engañar y consumar la extorsión”, abundó.
Requirió al INVI pronunciarse al respecto y crear candados sobre sus empleados que, al mismo tiempo, son operadores o gestores de organizaciones de vivienda. “Los burócratas del INVI no pueden dobletear, eso es corrupción, son funcionarios que también son cómplices de estos fraudes de manera indirecta porque prestan su nombre y cargo para sacar dinero ilegal a las personas”.
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El representante popular dijo que aparte de las estrategias de inteligencia que puedan emprender la policía y la FGJ local, es necesario instalar vigilancia discreta a las afueras del INVI para identificar a estos operadores que defraudan.
Conminó a la ciudadanía para presentar las denuncias correspondientes en caso de haber sido víctima de estos fraudes en la vivienda. “Sin miedo, que se haga la denuncia, muchas veces hay operadores del INVI que les sirve a políticos de Morenas y si tienen conocimiento quién estaría detrás, que lo denuncien en el Congreso local le daremos seguimiento”.
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