Diputados del Estado de México de todas las fracciones parlamentarias acordaron exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la inmediata creación de una fiscalía especializada contra el robo de agua, debido a que el crimen organizado ahora ha empezado a lucrar con la sequía en el Valle de México y expande su control en varios municipio.
Por unanimidad, el Congreso llamó a tomar medidas urgentes ante el desabasto de agua potable y pidió tanto a los gobiernos federal y estatal, así como a los presidentes municipales emprender acciones para garantizar el derecho al agua potable.
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Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Cámara de Diputados, Max Corre, afirmó en entrevista con este medio de información que “el huachicol del agua es un delito por el que se deben imponer penas de prisión. También se tendrá que sancionar a quien altere, impida o restrinja el flujo del líquido”.
Detalló que conforme a la ley, en una crisis hídrica como la que tenemos, primero se debe garantizar su distribución para el uso doméstico, seguida del uso público urbano, uso pecuario, agrícola, acuacultura, conservación ecológica, generación de energía eléctrica para el uso público, industria, generación de energía eléctrica para uso privado, lavado de terrenos, y otros más.
Manifestó que otra medida urgente para enfrentar la escasez de agua en el Valle de México es la cancelación de los dictámenes de factibilidad de desarrollos inmobiliarios, asunto que lo motivó a presentar punto de acuerdo que también fue aprobado por unanimidad en la legislatura del Estado de México.
“El Derecho Humano al Agua está plenamente reconocido y protegido por la Constitución federal, mientras que la Ley de Aguas Nacionales establece el orden de prioridad en materia de agua, y en primer lugar es el consumo doméstico, seguido del público urbano, pecuario, agrícola y acuacultura”, dijo.
Agregó que de manera cotidiana reciben denuncias de fugas de agua no atendidas en municipios como Tlalnepantla, y la sobre disposición de agua para la operación de industrias, mientras que en las colonias colindantes no cuentan con el vital líquido.
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Ante este escenario, el Congreso mexiquense solicitó a los titulares de la Secretaría del Agua, la Comisión del Agua, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras, así como a las y los alcaldes de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco y Nezahualcóyotl, adopten medidas urgentes que garanticen el acceso al derecho humano al agua acorde con la prelación que establece la Ley de Aguas Nacionales.
En Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, señala el punto de acuerdo, la población manifiesta preocupación por la reducción del suministro del Cutzamala y habitantes de las colonias más afectadas han denunciado inequidad en la distribución del agua potable por parte de sus gobiernos municipales.
Max Correa aseveró que los ciudadanos han documentado la extracción y el tráfico ilegal de agua de los pozos, ductos, tanques y plantas de bombeo, mediante pipas irregulares a la vista de las mismas autoridades; incluso con camiones-pipas propiedad de los organismos de municipales de agua que la extraen de pozos y las dirigen a empresas y plazas comerciales.
También reportan la presencia de fugas en ductos de la red de agua potable de los municipios mencionados, las cuales prevalecen durante meses sin ser atendidas, lo que genera un desperdicio considerable en el sistema de distribución y almacenamiento de agua potable, causadas por una falta de mantenimiento, así como una mala calidad en el agua que llega a los hogares, a la que incluso por su alto nivel de turbiedad le llaman “tamarindo”.
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