/ sábado 12 de marzo de 2022

Especialistas demandan herramientas legislativas para atender la demanda ciudadana de un lugar dónde vivir

Especialistas en urbanismo, arquitectura y políticas públicas, consideraron que sí es posible que los habitantes de la capital del país puedan obtener vivienda a bajo costo

El costo de la vivienda en la Ciudad de México se encarece por la falta de datos, la corrupción o la inexistencia de instrumentos, como un banco de terreno o aire que permitan una mejor planeación de la construcción, establecieron los participantes del parlamento abierto Tu Casa Mi Causa, en el que el maestro en gestión urbana y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, Ernesto Betancourt, estableció que si se tuviera una extensión de construcción vertical, en lugar de horizontal, se podría disponer de un 30 por ciento de terreno extra para espacio público.

Durante ese ejercicio de diálogo e intercambio de ideas, los participantes se pronunciaron por una vivienda a bajo costo, con opciones reales de compra o renta, amigable con el medio ambiente y con visión integral de futuro.

Especialistas en urbanismo, arquitectura y políticas públicas, consideraron que sí es posible que los habitantes de la capital del país puedan obtener vivienda a bajo costo, mediante acciones sociales y leyes que otorguen facilidades.

Al hacer el uso de la palabra el organizador del parlamento abierto, el coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, calificó necesario que se tenga información para comprender distintas visiones de ciudad, crecimiento y habitabilidad, que permitan construir desde el Poder Legislativo las herramientas adecuadas en busca de mejorar las condiciones de acceso a vivienda digna para los capitalinos.

Por su parte, el arquitecto y urbanista José Castillo detalló que si una familia en la metrópoli tiene un ingreso total de alrededor de 26 mil pesos mensuales, puede acceder a una propiedad de 800 a 900 mil pesos, con el destino de un tercio de ello, como indican los estudios, pero también la sanción de las normas existentes, en beneficio de una justicia en el sector a favor de los ciudadanos.

“En la realidad un departamento o casa tiene un costo de entre dos millones y medio y cinco, lo que aleja de esta posibilidad a los ciudadanos que buscan tener una propiedad”, expuso Castillo, graduado de la Escuela de Diseño de Harvard.

Ante ello, consideró importante que se trabaje en torno a una vivienda social, con leyes que otorguen la facilidad de acceso a ella, con esquemas que favorezcan a los beneficiarios, pero también a los constructores.

“Pueden existir mil normas, pero deben cumplirse y sancionarse por parte de quienes asumen mayormente esta tarea en la ciudad”, declaró.

Señaló que los conceptos de vivienda son variables en la ciudad, porque mientras para unos puede ser un sitio en el cual habitar, para otros es un sentido de pertenencia o sinónimo de patrimonio.

A su vez, la maestra y consultora en desarrollo urbano Rosalba Loyde, académica egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que lo que ha derivado en el encarecimiento y la falta de planeación urbana son los pocos datos que existen al respecto del sector, lo que hace viable la existencia de la corrupción en el tema inmobiliario.

“La falta de información exacta imposibilita los análisis y el establecimiento de acciones favorables para construir vivienda de carácter social, porque el gobierno de la ciudad sabe cuál es el terreno disponible para su construcción y que puede acceder a ellos por medio de extinción de dominio u otros mecanismos, pero no son datos públicos que podamos consultar, para saber la superficie con que se cuenta para tal fin” acentuó.

La urbanista comentó que los bienes inmuebles se han convertido en un activo de inversión a falta de garantías de retiro por parte del estado, elevando aún más su costo real, por lo que la concepción de vivienda o necesidad de ella no es el mismo para una persona que habita en la Alcaldía Álvaro Obregón que en Iztapalapa, situación que no es tomada en cuenta por los desarrolladores, ni por el gobierno en sus planes o programas.

En su intervención, el urbanista Ernesto Betancourt, propuso la posibilidad de tener un banco de terreno o de aire, que permita al gobierno local saber de qué se dispone para la construcción de vivienda accesible y asequible.

Delineó que “en México no existe el aire como activo de posibilidad de construcción y venta, dejando a consideración de los gobiernos de las alcaldías y de las instituciones la posibilidad de construcción; si hay una extensión de construcción hacia arriba, en lugar de manera horizontal, cómo se estableció el siglo pasado, podríamos disponer de 30 por ciento de terreno extra para espacio público”.

Mientras tanto, el politólogo Alberto Márquez calificó como fundamental considerar espacios públicos complementarios a la construcción de vivienda, ya que es parte integral de un desarrollo social pleno.

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“Durante la pandemia también pudimos comprobar que la gente, los jóvenes y las mujeres, sobre todo, fueron víctimas de violencia, por lo que se sentían más seguros afuera de sus casas que adentro, en ese sitio que se supone debe garantizarlo y que se ha vuelto tan pequeño que no les brinda esa posibilidad”, estableció.

Resulta que los ponentes coincidieron en que el desarrollo y búsqueda de vivienda digna debe ir de la mano con la sustentabilidad de una ciudad, que cada vez tiene menos acciones que disminuya el impacto de construcción, lo que se torna complejo aunado al tema del cambio climático, lo que en unos años tendrá que modificarse, pues hasta los hábitos como bañarse o el aseo personal, cambiarán necesariamente.

Royfid Torres González agradeció la participación de los panelistas y del público asistente, quienes cuestionaron a los especialistas sobre tópicos como asentamientos irregulares, identidad o pueblos originarios, justicia en los pagos de agua o servicios, en un diálogo circular que permitió plantear respuestas informadas y documentadas sobre lo expuesto.

“Desde hace décadas el tema de la vivienda es un pendiente de la ciudad a la que hoy se debe atender con la construcción de opiniones calificadas de expertos, para tomar las mejores decisiones para todas y todos. Cómo encontramos un modelo o un diseño que nos permitan tener un lugar dónde vivir, analizando y revisando temas como el Bando 2, que se hizo con una buena voluntad, pero que se fue corrompiendo”, remató el legislador ciudadano.

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El costo de la vivienda en la Ciudad de México se encarece por la falta de datos, la corrupción o la inexistencia de instrumentos, como un banco de terreno o aire que permitan una mejor planeación de la construcción, establecieron los participantes del parlamento abierto Tu Casa Mi Causa, en el que el maestro en gestión urbana y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, Ernesto Betancourt, estableció que si se tuviera una extensión de construcción vertical, en lugar de horizontal, se podría disponer de un 30 por ciento de terreno extra para espacio público.

Durante ese ejercicio de diálogo e intercambio de ideas, los participantes se pronunciaron por una vivienda a bajo costo, con opciones reales de compra o renta, amigable con el medio ambiente y con visión integral de futuro.

Especialistas en urbanismo, arquitectura y políticas públicas, consideraron que sí es posible que los habitantes de la capital del país puedan obtener vivienda a bajo costo, mediante acciones sociales y leyes que otorguen facilidades.

Al hacer el uso de la palabra el organizador del parlamento abierto, el coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, calificó necesario que se tenga información para comprender distintas visiones de ciudad, crecimiento y habitabilidad, que permitan construir desde el Poder Legislativo las herramientas adecuadas en busca de mejorar las condiciones de acceso a vivienda digna para los capitalinos.

Por su parte, el arquitecto y urbanista José Castillo detalló que si una familia en la metrópoli tiene un ingreso total de alrededor de 26 mil pesos mensuales, puede acceder a una propiedad de 800 a 900 mil pesos, con el destino de un tercio de ello, como indican los estudios, pero también la sanción de las normas existentes, en beneficio de una justicia en el sector a favor de los ciudadanos.

“En la realidad un departamento o casa tiene un costo de entre dos millones y medio y cinco, lo que aleja de esta posibilidad a los ciudadanos que buscan tener una propiedad”, expuso Castillo, graduado de la Escuela de Diseño de Harvard.

Ante ello, consideró importante que se trabaje en torno a una vivienda social, con leyes que otorguen la facilidad de acceso a ella, con esquemas que favorezcan a los beneficiarios, pero también a los constructores.

“Pueden existir mil normas, pero deben cumplirse y sancionarse por parte de quienes asumen mayormente esta tarea en la ciudad”, declaró.

Señaló que los conceptos de vivienda son variables en la ciudad, porque mientras para unos puede ser un sitio en el cual habitar, para otros es un sentido de pertenencia o sinónimo de patrimonio.

A su vez, la maestra y consultora en desarrollo urbano Rosalba Loyde, académica egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que lo que ha derivado en el encarecimiento y la falta de planeación urbana son los pocos datos que existen al respecto del sector, lo que hace viable la existencia de la corrupción en el tema inmobiliario.

“La falta de información exacta imposibilita los análisis y el establecimiento de acciones favorables para construir vivienda de carácter social, porque el gobierno de la ciudad sabe cuál es el terreno disponible para su construcción y que puede acceder a ellos por medio de extinción de dominio u otros mecanismos, pero no son datos públicos que podamos consultar, para saber la superficie con que se cuenta para tal fin” acentuó.

La urbanista comentó que los bienes inmuebles se han convertido en un activo de inversión a falta de garantías de retiro por parte del estado, elevando aún más su costo real, por lo que la concepción de vivienda o necesidad de ella no es el mismo para una persona que habita en la Alcaldía Álvaro Obregón que en Iztapalapa, situación que no es tomada en cuenta por los desarrolladores, ni por el gobierno en sus planes o programas.

En su intervención, el urbanista Ernesto Betancourt, propuso la posibilidad de tener un banco de terreno o de aire, que permita al gobierno local saber de qué se dispone para la construcción de vivienda accesible y asequible.

Delineó que “en México no existe el aire como activo de posibilidad de construcción y venta, dejando a consideración de los gobiernos de las alcaldías y de las instituciones la posibilidad de construcción; si hay una extensión de construcción hacia arriba, en lugar de manera horizontal, cómo se estableció el siglo pasado, podríamos disponer de 30 por ciento de terreno extra para espacio público”.

Mientras tanto, el politólogo Alberto Márquez calificó como fundamental considerar espacios públicos complementarios a la construcción de vivienda, ya que es parte integral de un desarrollo social pleno.

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“Durante la pandemia también pudimos comprobar que la gente, los jóvenes y las mujeres, sobre todo, fueron víctimas de violencia, por lo que se sentían más seguros afuera de sus casas que adentro, en ese sitio que se supone debe garantizarlo y que se ha vuelto tan pequeño que no les brinda esa posibilidad”, estableció.

Resulta que los ponentes coincidieron en que el desarrollo y búsqueda de vivienda digna debe ir de la mano con la sustentabilidad de una ciudad, que cada vez tiene menos acciones que disminuya el impacto de construcción, lo que se torna complejo aunado al tema del cambio climático, lo que en unos años tendrá que modificarse, pues hasta los hábitos como bañarse o el aseo personal, cambiarán necesariamente.

Royfid Torres González agradeció la participación de los panelistas y del público asistente, quienes cuestionaron a los especialistas sobre tópicos como asentamientos irregulares, identidad o pueblos originarios, justicia en los pagos de agua o servicios, en un diálogo circular que permitió plantear respuestas informadas y documentadas sobre lo expuesto.

“Desde hace décadas el tema de la vivienda es un pendiente de la ciudad a la que hoy se debe atender con la construcción de opiniones calificadas de expertos, para tomar las mejores decisiones para todas y todos. Cómo encontramos un modelo o un diseño que nos permitan tener un lugar dónde vivir, analizando y revisando temas como el Bando 2, que se hizo con una buena voluntad, pero que se fue corrompiendo”, remató el legislador ciudadano.

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