La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, promueve penas de 40 a 70 años de prisión a quien cometa homicidio calificado en contra de un menor de 18 años.
Al respecto, al fundamentar la iniciativa que presentó con el apoyo de todos los integrantes de la bancada del Revolucionario Institucional, el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, expuso que se trata de adicionar el artículo 128 bis del Código Penal local.
El congresista priísta, en la argumentación de la propuesta que la presidenta de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, la panista Gabriela Salido Magos, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que en los últimos años los capitalinos han sido testigos de preocupantes cifras en los homicidios de menores, una tendencia que va en contra de toda concepción de progreso y justicia social en cualquier sociedad.
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Se refirió a datos de la organización Reinserta, en la que se expone que de enero a noviembre de 2023 se reportaron dos mil 095 homicidios de personas menores de 18 años, lo que no solo es alarmante sino absolutamente inaceptable.
Dio cuenta que, en la actualidad, añadió, en México 6.7 niñas, niños y adolescentes en promedio son víctimas de homicidios al día, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Zamorano Esparza planteó que los menores de edad, por su especial situación de desarrollo y dependencia, requieren de una protección reforzada que asegure su bienestar inmediato, y su derecho a un futuro digno. Ignorar la violencia y los crímenes que se cometen contra ellos es tolerar la erosión de nuestros valores más básicos: la justicia, la equidad y la dignidad humana.
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Aclaró que la imposición de penas más severas para los homicidios de menores es una extensión lógica y necesaria del compromiso con la justicia y la protección de los vulnerables.
Y detalló: “no hacerlo sería ignorar las obligaciones que hemos establecido a través de nuestras propias leyes y los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales somos parte”.
Indicó que el establecimiento de penas más severas para delitos cometidos contra menores es más que una medida punitiva, un mensaje claro de nuestra sociedad contra la impunidad, y en favor de un entorno seguro y protector.
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“Este paso reafirma nuestro compromiso ético con la justicia y con la protección activa de quienes aún no tienen voz para defenderse por sí mismos”, acotó.
El representante popular priísta señaló que al fortalecer las sanciones por el delito de homicidio contra los menores, se disuadan potenciales actos de violencia, así como se promueve una cultura de respeto y cuidado hacia la infancia y la adolescencia.
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