En abril de 2020, tras el cierre de actividades económicas, dejó de laborar el 64% de personas trabajadoras no asalariadas, 55% de las trabajadoras del hogar y 48% de comerciantes en tianguis. El 97% de personas voluntarias de limpia siguieron trabajando pese a la crisis, aunque sus ingresos cayeron en 23%.
Ello lo manifestó la Coordinadora para América Latina WIEGO en la Ciudad de México, Tania Espinosa Sánchez, al detallar el estudio “La crisis del Covid-19 y la economía informal: Trabajadoras y trabajadores en empleo informal en Ciudad de México”, elaborado por esa organización.
Comentó que 91% de personas en trabajo informal vieron caer sus ingresos en el contexto de Covid-19; 15% de ellas declaró que no tuvo ingreso alguno.
El Covid-19 ha derivado que haya aumentado la proporción de trabajadores por cuenta propia del 17.9% al 20.4% y en la informalidad laboral del 47.7% al 53%.
El estudio consistió en 163 encuestas y entrevistas a personas trabajadoras del hogar, comerciantes en tianguis, personas voluntarias de limpia y aseadores de calzado, indicó la también Consejera Honoraria de la CDHCM.
Asimismo, la CDHCM consideró urgente visibilizar a las personas trabajadoras en el empleo informal, toda vez que la actual emergencia sanitaria ha impactado de manera diferenciada ─en el corto y mediano plazo─, al ejercicio de sus derechos.
La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, explicó que la cuarta parte de las personas entrevistadas en el informe, reportó haber pasado hambre, luego de un año de que se establecieron diversas medidas para contenerla. Otros derechos que también fueron impactados además de la alimentación son los económicos, salud y vivienda.
El reporte, aseveró, coincide con otros estudios elaborados por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) o el Banco Mundial (BM) en materia de trabajo informal.
La titular la CDHCM enfatizó que en el estudio se contemplan recomendaciones de acción inmediata como: insistir en las transferencias económicas directas sostenidas, el acceso a créditos con bajo o nulo interés, acuerdo para reducción de intereses, programas de acceso de equipo de prevención para prevenir contagios, apertura regulada del espacio público para el trabajo informal y acceso a licencias y permisos para trabajar.
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Otras recomendaciones estructurales que arroja el reporte son: modificación legislativa o “aterrizar” en reglamentos aspectos como el Sistema de Cuidados, el fin del acoso y criminalización, el registro de personas de trabajo informal y reconocer como personas trabajadoras a las voluntarias del servicio público de limpia; pero sobre todo, reconocer su aporte económico a la Ciudad.
Ramírez Hernández subrayó que es imperativo generar estrategias para evitar una mayor regresividad e implementar cambios estructurales que contribuyan a modificar la situación que expone constantemente a este sector de la economía a absorber el costo social de las emergencias.
Durante la presentación del estudio participaron Víctor Miguel Pérez Serrano, de la Unión de Aseadores de Calzado de la Ciudad de México; y Arturo Granados, de la Unión de Comerciantes y Tianguistas No Asalariados en la Ciudad de México.
En la primera fase del estudio se evaluó el impacto de la crisis en dos puntos: pico de las medidas restrictivas (abril de 2020) y su flexibilización (mayo/junio) en comparación con el pre-COVID-19 (febrero de 2020).
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