La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE- INEGI), revela que el 49.9% de los trabajos en la Ciudad de México son informales, es decir, cerca de la mitad de la población encuentra en éstos la posibilidad de acceder a una fuente de ingresos que le permita cumplir en la medida de lo posible el acceso para sí y sus familias a derechos humanos básicos tales como alimentación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros.
Por la importancia del trabajo no asalariado tanto en términos económicos como culturales y sociales, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llamó a servidoras y servidores públicos, legisladores y personas tomadoras de decisión en general, a evitar el uso de discursos estigmatizantes u ofensivos hacia quienes ejercen este trabajo y que con frecuencia evidencian discriminación estructural, racista y clasista que podrían llegar a constituirse como discurso de odio.
La CDHCM destacó que por el amplio beneficio que producen en la economía y sociedad, pidió de manera urgente impulsar la regulación de ese sector en términos de trabajo digno de manera congruente con el contenido del Artículo 10.B.12 de la Constitución Política de Ciudad de México y 63 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México.
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Resaltó que la mayor parte de los oficios en los que está depositado un patrimonio cultural inmaterial, que visten la Ciudad y forman parte del atractivo turístico, o bien que aportan bienes y servicios útiles para todas las personas en su día a día son ejercidos por personas no asalariadas: voceadores, intérpretes de organillo, intérpretes de música urbana y tradicional, así como gran parte de la oferta gastronómica popular y prestadores de servicio de limpia y pepena que, a pesar de ofrecer un servicio público esencial, no cuentan con protección laboral.
El trabajo no asalariado se lleva a cabo también en la vía pública, lo que genera tensiones naturales entre quienes ejercen el derecho al trabajo y quienes requieren del uso del espacio público para ejercer otros derechos como el derecho a la movilidad y a la ciudad. Esto demanda atender la tensión social que deviene del uso común del espacio.
Recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el empleo informal como todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho al trabajo digno y a poseer una identidad formal a quienes son personas trabajadoras no asalariadas, por lo que no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación.
Ejemplo de lo anterior es que, en México, más del 90% del trabajo del hogar remunerado opera en la informalidad, a pesar de existir un mecanismo disponible para la regulación laboral y de seguridad social.
El organismo de derechos humanos recordó que el fenómeno de la informalidad no es exclusivo de México, sino que corresponde a un contexto generalizado en América Latina que se ha profundizado con la pandemia por Covid-19.
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